Óscar Puente dimitió este martes como ministro de Transportes. Lo hizo al final de una comparecencia de más de cuatro horas en el Congreso, después de dos accidentes ferroviarios que dejaron 115 muertos en menos de un año. Su argumento: «dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas». La decisión, que sorprendió incluso a su propio equipo y a Pedro Sánchez —quien se enteró «minutos antes»—, introduce en la política española un gesto que en el Partido Popular parece pertenecer a otra galaxia.
Puente asumió la responsabilidad política, esa que no exige culpabilidad jurídica pero sí la coherencia de no permanecer en el cargo cuando la gestión bajo tu mando acumula tragedias. «Un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en su cargo tras dos accidentes en menos de un año», dijo. Y se fue. También renunció a formar parte de las listas del PSOE para el 29N.
En el PP, en cambio, la dimisión por dignidad es una especie en extinción. O nunca existió.
Isabel Díaz Ayuso ha convertido en un mantra la negación de los 7.291 fallecidos en las residencias madrileñas durante la primera ola de la pandemia, una cifra que su Gobierno redujo a 4.100 y que ella atribuye a un «invento» de la izquierda. No ha dimitido. Carlos Mazón tardó un año en dejar la Presidencia de la Generalitat tras la DANA que mató a 234 personas en Valencia, y lo hizo manteniendo el acta de diputado y con oficina de expresident. Durante las horas críticas del 29 de octubre de 2024, Mazón comía en un restaurante mientras el Cecopi se reunía sin él.
La lista continúa. Federico Trillo nunca asumió responsabilidad política por el Yak-42, el avión defectuoso en el que murieron 62 militares y cuyos restos fueron identificados erróneamente y entregados a familias equivocadas. Ana Mato gestionó la crisis de la hepatitis C, con miles de pacientes esperando tratamientos mientras el Ministerio negociaba precios, sin que su puesto peligrara. Ana Botella estaba en un spa mientras en el Madrid Arena morían adolescentes, y siguió siendo alcaldesa.
La comparación no es menor. Puente dimite por dos accidentes en los que no tuvo responsabilidad directa —así lo defendió Moncloa— pero sí responsabilidad política sobre el departamento. El PP lleva décadas instalado en la tesis contraria: la responsabilidad política es un lujo que solo se permite a los adversarios. Sus dirigentes resisten imputaciones, tragedias, negaciones de evidencia y sentencias. No dimiten. Esperan.
El PP ya ha dicho que la dimisión de Puente «llega 116 vidas tarde» y que en realidad obedece a las encuestas, no a las víctimas. Puede ser. Pero incluso si el cálculo electoral estuvo presente, el resultado es un precedente incómodo: alguien en el Gobierno se fue. Alguien asumió que hay un umbral de muertos y errores tras el cual un cargo público no puede seguir cobrando.
En el PP, ese umbral no existe. O está tan alto que nunca se alcanza.
Mientras Puente se va, Ayuso, Mazón, Trillo, Mato y Botella siguen o siguieron en sus puestos hasta que las urnas o el calendario los movieron. La pregunta no es si Puente debió dimitir antes. La pregunta es por qué en el Partido Popular nadie dimite nunca.
