El marido de una de las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda señala directamente a la liberalización del sector y a la avaricia empresarial como causas de la tragedia, mientras diversos partidos y colectivos exigen ya la renacionalización de la alta velocidad.
La tragedia de Urda, que se cobró la vida de 69 personas el pasado mes de octubre, ha dejado de ser una simple cifra para convertirse en el relato desgarrador de quienes convivían con las víctimas. Entre el dolor y la rabia, la voz del marido de una de las fallecidas se alza para señalar que estas muertes no son fruto de la fatalidad, sino del «precio del capitalismo de prisas». Su testimonio, cargado de dolor, apunta directamente a un modelo que, según denuncia, antepone los beneficios económicos y la celeridad comercial a la seguridad de los ciudadanos.
Este hombre sostiene que la tragedia tiene nombres y apellidos: la liberalización del sector ferroviario y la avaricia de las grandes empresas por ganar más dinero a costa de lo que consideran «externalizaciones» de mantenimiento y control. Su reflexión conecta el siniestro con una decisión política concreta: la votación del 22 de enero de 2019 en el Congreso de los Diputados, donde se convalidó el real decreto ley que abría la puerta a la competencia en el transporte de viajeros por ferrocarril. Según los registros parlamentarios de aquella jornada, la medida salió adelante con los votos a favor del PSOE, PP y Ciudadanos, mientras que ERC se abstuvo y solo Unidos Podemos (Podemos e Izquierda Unida) votó en contra.
Aquel 22 de enero se rompió el control público de un servicio esencial. «Perdimos el control de la alta velocidad», afirma, refiriéndose a la entrada de operadores privados como Iryo y Ouigo en un corredor, el Madrid-Andalucía, que hasta entonces gestionaba en exclusiva Renfe. Para el marido de la víctima, la fragmentación del sistema —con infraestructura en manos de Adif y la operación repartida entre varias empresas— diluyó la responsabilidad y creó un caldo de cultivo donde los protocolos de seguridad se volvieron más complejos y, en última instancia, más frágiles.
La reflexión de este ciudadano no es un caso aislado. En los días posteriores al accidente, diferentes sectores de la sociedad y de la política española han comenzado a solicitar al Gobierno que dé marcha atrás y recupere el control público del ferrocarril. La formación morada ha sido una de las más contundentes. Su líder, Irene Montero, ha exigido la renacionalización del sistema ferroviario aplicando el artículo 128 de la Constitución, argumentando que «permitir que se haga negocio con el sector ferroviario está poniendo en peligro a la ciudadanía». Montero ha insistido en que la «cuestión de fondo» es la liberalización y ha señalado que los trabajadores llevan años advirtiendo de los problemas de seguridad derivados de la externalización de servicios críticos.
El debate está servido. Mientras el Gobierno y los operadores privados guardan silencio o remiten a la investigación técnica, las familias de las víctimas, como el marido de Urda, ya han emitido su veredicto. Para ellos, la alta velocidad española no descarriló por un fallo aislado, sino por un modelo que durante años priorizó la cuenta de resultados de las empresas sobre la vida de los pasajeros. La pregunta que ahora sobrevuela el Congreso es si España está dispuesta a pagar el coste político de revertir una liberalización que, para muchos, ya ha cobrado un precio demasiado alto en sangre.
