Quizás si, pero el problema viene de mucho más atrás.
Que Óscar Puente dimita puede parecer razonable. Quizá incluso debería haberlo hecho antes. Cuando un acontecimiento de esta gravedad se repite, o se producen situaciones similares, es lógico que aparezcan preguntas, sospechas y exigencias de responsabilidades. Que dimita, si corresponde. Pero no confundamos una dimisión con una solución.
Porque el problema viene de mucho antes. La solución no estaba únicamente en cambiar a un ministro cuando las cosas se tuercen. La solución estaba en haber frenado a tiempo una dinámica de degradación de la democracia, de acoso y de persecución política que llevamos demasiado tiempo contemplando.
Cuando se acosaba a Pablo Iglesias y a su familia frente a su domicilio, había que haber actuado. Cuando se difundían acusaciones que después no encontraban respaldo judicial, cuando se utilizaban determinadas organizaciones y procedimientos para desgastar políticamente a personas concretas, había que haber puesto límites. Cuando se convertía la mentira en herramienta política y el señalamiento en espectáculo, había que haber respondido con firmeza.
Pero no. Mientras aquello afectaba a otros, parecía que no era nuestro problema. Resultaba cómodo mirar hacia otro lado.
Y aquí viene a cuento aquel poema que tantas veces se ha citado: «Primero vinieron a por…». Porque precisamente de eso se trata. De entender que cuando se permite que se persiga a unos, se está abriendo la puerta para que mañana puedan ir a por otros. Y cuando finalmente nos toca, ya no basta con lamentarse.
También hay que hablar de la responsabilidad de las instituciones. El poder judicial es imprescindible en una democracia, pero ningún poder está por encima de la ley ni exento de control, responsabilidad y rendición de cuentas. La independencia judicial no puede confundirse con la impunidad ni convertirse en una excusa para no cuestionar actuaciones que puedan comprometer la imparcialidad o la igualdad ante la ley.
Y hay otra cuestión que merece debate: los privilegios y las condiciones de acceso, permanencia y jubilación de quienes ocupan determinadas responsabilidades públicas. Las instituciones deben estar al servicio de toda la ciudadanía, no de una parte ni de los intereses de quienes las integran.
Soluciones había. Las había cuando comenzaron estas prácticas y era entonces cuando había que haber actuado. No podemos esperar a que el deterioro sea evidente para empezar a echarnos las manos a la cabeza.
La campaña que tenemos por delante va a ser difícil, durísima. Hay partidos que parecen haber reducido su proyecto político a una sola aspiración: echar a quienes gobiernan, aunque para ello conviertan cualquier acontecimiento en un arma de desgaste. No pueden presentarse abiertamente diciendo que su único programa es hacer caer al adversario, así que necesitan alimentar el conflicto, magnificar los errores y convertir cada crisis en una oportunidad.
Y cuidado, porque eso no significa que un Gobierno esté por encima de la crítica, que no deba asumir responsabilidades o que haya que justificar sus errores. Todo lo contrario. Pero una cosa es exigir responsabilidades y otra muy distinta participar en una estrategia de demolición política en la que todo vale.
Que dimita Puente, si tiene que dimitir. Pero no nos engañemos: el problema no empezó con Puente, y tampoco se va a solucionar con su dimisión.
