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La Policía desaloja Sol con gases irritantes mientras los acampados denuncian violencia gratuita y exigen una investigación

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La Puerta del Sol amaneció este martes despejada de tiendas de campaña tras un desalojo policial que ha reabierto la fractura entre las versiones oficiales y las de los activistas. La intervención, ejecutada de madrugada por efectivos de la Policía Nacional y la Policía Municipal, se saldó con dos detenidos por resistencia a la autoridad y un cruce de acusaciones sobre el uso de la fuerza. Los acampados denuncian que los agentes emplearon gases irritantes —identificados como gas pimienta— sin que mediara una necesidad aparente, ya que el grueso de los presentes estaba colaborando con el desalojo y las comisiones organizadoras habían anunciado días antes su retirada para centrarse en la preparación de la huelga general del 11 de noviembre.

La Delegación del Gobierno en Madrid defendió la operación como una medida de «último recurso» adoptada tras un «proceso de actuación gradual» y sostuvo que el desalojo se desarrolló «sin violencia». Fuentes oficiales cifraron en 334 las personas desalojadas y precisaron que el dispositivo contó con 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además de bomberos y servicios sociales. Sin embargo, el comunicado de la Delegación no hizo mención alguna a las cargas ni al uso de gases lacrimógenos denunciados por los acampados, limitándose a señalar que la protesta había «perdido su carácter reivindicativo inicial» y que existían «hechos presuntamente delictivos» en el entorno de la plaza.

La versión de los activistas es radicalmente distinta. A través de sus canales oficiales, la Acampada 26S calificó la intervención de «violenta» y aseguró que varias personas resultaron heridas «a causa de golpes y del uso de gas pimienta». La organización señaló que la operación fue «ejecutada por unidades antidisturbios bajo las órdenes de la delegación del Gobierno» y exigió una investigación sobre lo ocurrido, al tiempo que solicitó a los presentes que compartieran vídeos para remitirlos a su departamento legal. Las detenciones, según los acampados, se produjeron «sin mediar motivo» más allá de la resistencia a la autoridad, un cargo que la policía mantiene pero que los implicados consideran una criminalización de la protesta.

Comunicado acampados

El contexto del desalojo resulta especialmente relevante para entender la discrepancia. Días antes, la mayoría de las comisiones que habían sostenido la acampada durante más de un mes anunciaron su disolución progresiva y su «mudanza a los barrios» con un objetivo claro: preparar la huelga general del 11 de noviembre. Ese anuncio se produjo después de que la Delegación del Gobierno enviara un requerimiento a la asesoría legal de la acampada advirtiendo de que «podría resultar legítimo ponerle fin». Cuando los agentes intervinieron de madrugada, la estructura organizativa de la protesta ya había comunicado su retirada, y en la plaza permanecía un grupo residual que incluía a personas sin hogar y a individuos no vinculados a las comisiones.

La secuencia de los hechos, tal como la relatan los testigos, contradice la tesis del «último recurso» ante una resistencia activa. Si los organizadores habían anunciado el desmontaje y los presentes estaban colaborando, la introducción de gases irritantes plantea interrogantes que ni la Delegación ni la Jefatura Superior de Policía han abordado en sus comunicados. La ausencia de una explicación oficial sobre el uso de esos agentes químicos, sumada a la falta de una condena explícita de las imágenes que circulan en redes —donde se ve a antidisturbios escoltando y arrastrando a personas—, deja abierta la demanda de los acampados: que se investigue si la violencia empleada fue proporcionada o, como sostienen, gratuita.

Mientras la Puerta del Sol recuperaba este martes su actividad ordinaria y los servicios de limpieza retiraban las últimas estructuras, el movimiento 26S confirmaba que su energía se desplaza ahora a los barrios y a la convocatoria de huelga del día 11. La pregunta que sobrevuela es si el desalojo de Sol fue el epílogo inevitable de una protesta agotada o un episodio de uso desproporcionado de la fuerza que quedará sin esclarecer.

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