Madrid afronta una semana de conflicto educativo sin precedentes en la presente legislatura. A la huelga indefinida que el profesorado no universitario mantiene desde el pasado 14 de octubre se le suman este miércoles y jueves, 4 y 5 de noviembre, los paros convocados por las seis universidades públicas de la región. La confluencia de ambas protestas dibuja un escenario en el que prácticamente ningún tramo del sistema educativo madrileño queda al margen de las movilizaciones contra las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
La Coordinadora en Defensa de la Universidad Pública, que agrupa a las plataformas de la UAH, UAM, UCM, UC3M, UPM y URJC, ha llamado a un paro de 48 horas bajo el lema «contra la asfixia económica, la privatización y la elitización» de la enseñanza superior. El detonante, según los convocantes, es el incumplimiento de las expectativas creadas por el acuerdo de financiación firmado en marzo, que contemplaba 14.800 millones de euros hasta 2031. Los universitarios tachan ahora ese pacto de «estafa» y denuncian que el presupuesto sigue estancado en el 0,4% del PIB regional, muy lejos del 1% que exige la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y por debajo de las medias nacional (0,75%) y europea (0,92%).
La situación financiera de algunos centros es crítica. Tanto la Universidad Complutense como la Rey Juan Carlos se han visto obligadas a solicitar préstamos millonarios para poder afrontar el pago de nóminas y evitar el colapso de su tesorería, un extremo que el Ejecutivo autonómico atribuye a la gestión interna pero que los sindicatos vinculan directamente a la infrafinanciación crónica. A la reivindicación económica se suma el rechazo a lo que denominan «represión» y «criminalización» del movimiento estudiantil, tras los episodios de tensión y cargas policiales ocurridos en semanas anteriores en campus como el de la Complutense.
Este frente universitario no es un hecho aislado, sino la extensión natural de un conflicto que lleva semanas gestándose en las etapas inferiores. Los docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional acumulan ya más de dos semanas de huelga indefinida. Sus reivindicaciones son concretas: reducir las horas lectivas, bajar las ratios de alumnos por aula, una subida salarial de 600 euros mensuales y mejoras en las infraestructuras. La Consejería de Educación, dirigida por Mercedes Zarzalejo, se ha negado a sentarse con el comité de huelga, alegando que las reivindicaciones son «inasumibles» económicamente y que las negociaciones deben canalizarse a través de la mesa sectorial, una vía que los convocantes consideran insuficiente.
La confluencia de colectivos ha llevado a la izquierda madrileña a hablar de una protesta transversal. Desde Más Madrid han advertido que «no va a haber paz en las calles de Madrid», mientras que desde el Ejecutivo autonómico se acusa a los convocantes de actuar por motivos electoralistas ante la proximidad de los comicios. Para este miércoles está prevista una marcha conjunta desde la sede del PSOE en Ferraz hasta la del PP en Génova, y para el jueves una manifestación unitaria que partirá de Atocha hacia la Consejería de Educación, en un intento de visibilizar que la queja no es sectorial, sino global contra el modelo de servicios públicos de la Comunidad.
Mientras los profesores no universitarios mantienen su pulso en la calle con cortes de tráfico como el ocurrido en la A-42, y los universitarios preparan asambleas y clases en la calle, el Gobierno de Ayuso defiende su gestión. La directora general de Universidades ha recordado en la Asamblea que este año se transfiere un 10,4% más de fondos a los campus y que el acuerdo plurianual «se está cumpliendo», desplazando parte de la responsabilidad al Gobierno central en materia de salarios. Con todo, la imagen de una Madrid educativa completamente paralizada y la falta de interlocución entre las partes auguran que el conflicto no se resolverá a corto plazo.
