Mientras el resto de formaciones políticas suspendía este miércoles sus actos de precampaña tras el choque de trenes en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 68 muertos, Santiago Abascal decidía subir al escenario en Valladolid. Lo hizo, según sus propias palabras, para «exigir responsabilidades al ministro de la muerte y al presidente del Gobierno» . La decisión de Vox de no cancelar su agenda no es un hecho aislado, sino la punta visible de una estrategia que, horas antes de que se conocieran las causas del siniestro y cuando los equipos de rescate aún trabajaban entre los vagones, ya había inoculado en redes sociales la palabra «asesino» asociada al nombre de Pedro Sánchez.
La secuencia es reveladora. Antes de que se estabilizara el balance de víctimas, antes de que los forenses pudieran identificar los cuerpos, decenas de cuentas de extrema derecha ya habían dictado sentencia. No importaba el hecho de que el accidente se hubiera producido en una vía cuya gestión depende de Adif, ni que las primeras hipótesis apuntaran a un posible fallo humano o técnico aún por determinar . La consigna era simple: culpar al Gobierno, señalar al ministro Óscar Puente y corear el nombre de Sánchez como responsable directo de la tragedia. Es la misma mecánica que ya se activó tras el accidente de Adamuz en enero, cuando Vox calificó la gestión del Ejecutivo de «criminal» y su líder habló de «banda criminal» antes de que se conocieran los informes técnicos.
Lo llamativo no es solo la velocidad del ataque, sino la memoria selectiva de quienes lo lanzan. Estas mismas cuentas que ahora se rasgan las vestiduras y claman justicia para las víctimas guardaron un silencio ensordecedor para exigir responsabilidades por los cribados de cáncer de mama que se retrasaron en varias comunidades gobernadas por la derecha, ni alzaron la voz por los miles de ancianos que fallecieron solos en las residencias durante la pandemia. La indignación selectiva es un arma política, no un ejercicio de empatía.
La diferencia entre exigir responsabilidades políticas y linchar a un presidente en la plaza pública digital es abismal. Lo primero es legítimo y necesario en cualquier democracia; lo segundo es una incitación al odio disfrazada de duelo. Abascal afirmó este miércoles que no permitiría que «el luto nos amordace». Nadie pretende amordazarle. Pero una cosa es fiscalizar la gestión de las infraestructuras y otra muy distinta es utilizar cadáveres aún calientes como trampolín electoral. Mientras Vox mantenía su mitin, el resto de partidos, incluido el PP, habían suspendido su actividad . La imagen de un líder ultraconservador hablando de «señoritas de compañía» y «mordidas» en el mismo día en que España contaba sus muertos por decenas define con precisión el nivel de la catástrofe moral que acompaña a la tragedia ferroviaria.
La derecha tradicional, por su parte, ya ha empezado a dejar caer el intento de sacar rédito inmediato del accidente. Feijóo tardó poco en acusar al Gobierno de generar «caos» y en vincular el estado de las vías con el «estado de la nación», pero lo hizo con la cautela de quien sabe que la gestión de infraestructuras ha sido compartida durante años con comunidades autónomas de distinto signo. Sin embargo, en el ecosistema de la ultraderecha digital no hay matices. Allí, el accidente no es una tragedia que investigar, sino una prueba definitiva de la conspiración que llevan años denunciando.
Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en Toledo, la pregunta que sobrevuela no es ya quién es responsable del accidente —eso lo dirán los jueces y los técnicos—, sino hasta qué punto la política española ha normalizado el uso del dolor ajeno como munición. Vox no ha cancelado su agenda. La ultraderecha digital tampoco ha cancelado su campaña de odio. Y los muertos, que aún no tienen nombre en los titulares, esperan a que alguien se acuerde de ellos cuando termine el ruido.
, que ha dejado al menos 68 muertos, Santiago Abascal decidía subir al escenario en Valladolid. Lo hizo, según sus propias palabras, para "exigir){kind=link}