A medida que se acercan las citas electorales, el historial de votaciones del Partido Popular (PP) y Vox en el Congreso de los Diputados se convierte en un elemento central para contrastar sus propuestas. A lo largo de las últimas décadas, ambas formaciones han mantenido un patrón de voto negativo constante contra una serie de leyes que hoy configuran el Estado del bienestar y los derechos civiles en España, abarcando desde el ámbito familiar hasta la protección económica y social.
En el terreno de los derechos civiles y la familia, el rechazo ha sido histórico. El PP votó en bloque en contra de la ley de matrimonio igualitario en 2005 y posteriormente presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional, que avaló la norma en 2012. De igual modo, Alianza Popular (predecesora del PP) se opuso a la ley del divorcio en 1981, y la formación ha votado en contra de las sucesivas actualizaciones de la ley del aborto, incluyendo la ley de plazos de 2010. Más recientemente, tanto PP como Vox votaron en contra de la Ley Orgánica de regulación de la Eutanasia, aprobada en 2020, siendo los únicos grupos parlamentarios que se negaron a respaldarla. Asimismo, el PP ha votado en contra de proposiciones de ley orientadas a la igualdad de trato y no discriminación, argumentando en su momento razones técnicas o de invocación de competencias, según registros parlamentarios y críticas del PSOE.
En el plano económico y social, las votaciones recientes ilustran una continuidad en el «no». En febrero de 2026, el Congreso aprobó la revalorización de las pensiones con el respaldo mayoritario de la Cámara, pero Vox fue el único partido que votó en contra de dicha subida, calificando el sistema de financieramente insostenible. Respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es necesario precisar que su cuantía se fija mediante real decreto por el Gobierno y no se somete a votación parlamentaria, por lo que no existe un registro de voto directo de los partidos sobre esta medida, aunque formaciones como Vox han criticado públicamente las subidas.
En materia de vivienda y protección social, la trayectoria parlamentaria reciente muestra un bloqueo conjunto. En enero de 2026, PP, Vox y Junts tumbaron un decreto ómnibus que incluía la prórroga de la suspensión de desahucios para colectivos vulnerables. Posteriormente, en octubre de 2026, los votos en contra de PP, Vox, Junts y UPN hicieron decaer dos decretos de vivienda que contemplaban medidas para evitar desahucios y contener los precios del alquiler, aunque el PP justificó su rechazo argumentando que la solución pasaba por ampliar la oferta pública de vivienda en lugar de intervenir el mercado.
Finalmente, en lo relativo al bienestar animal, votó contra la ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, junto a VOX y con el PSOE, que incluyeron varias enmiendas a petición de el lobby cazador.
 y Vox en el Congreso de los Diputados se convierte en un elemento central para contrastar sus propuestas. A lo largo de las últimas décadas, ambas formaciones han mantenido un patrón de voto negativo constante contra una serie de leyes que hoy configuran el Estado del bienestar y los derechos civiles en España, abarcando desde el ámbito familiar hasta la protección económica y social.){kind=link}