El proyecto de resolución revisado que Estados Unidos ha presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fechado el 28 de octubre de 2026 y cuya votación está prevista para el viernes 30, supone un paso decisivo para incumplir la Carta de las Naciones Unidas y bloquear la conclusión del proceso de descolonización del Sáhara Occidental. El texto, publicado por No te olvides del Sáhara Occidental y traducido por El Observador Saharaui, consagra la autonomía bajo soberanía marroquí como única base de negociación, lo que de facto vacía de contenido el principio de autodeterminación que el propio documento invoca de forma meramente retórica.
La administración de Trump, como acostumbra en el ámbito internacional, coloca sus intereses por encima del derecho internacional. El borrador no solo asume la propuesta marroquí de autonomía como «único marco» para negociar, sino que además prorroga la MINURSO hasta el 31 de octubre de 2027 —rebautizándola como MINUSO— y prevé reducir su componente militar. Se trata de una reformulación que desnaturaliza la misión original de referéndum y la convierte en un apéndice del proceso político diseñado por Washington y Rabat.
Esta resolución aboca a las partes a una guerra total, más allá de la actual guerra de baja intensidad que se libra en el entorno del muro minado que Marruecos ha construido y que separa el Sáhara Occidental liberado del ocupado por el régimen marroquí. Nos encaminamos hacia una guerra abierta en el Sahel, a escasos 100 kilómetros de las costas canarias, en un territorio cuya administración legal corresponde al Gobierno Español. El derecho internacional reconoce a los pueblos oprimidos y ocupados el derecho a la legítima defensa ante los ocupantes, lo que hace previsible una escalada que nadie parece dispuesto a contener.
El proyecto también introduce elementos que agravan la situación humanitaria. Exige a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados completar el registro de la población refugiada de Tinduf en seis meses «sin injerencias de ninguna entidad», una fórmula que abre la puerta a presiones sobre una población vulnerable y que, combinada con la retirada de la financiación internacional continuada, podría generar un nuevo asedio como el de Gaza, pero esta vez en un territorio bajo administración legal española.
La condena del ataque del 5 de mayo de 2026 contra Smara y la referencia al liderazgo de Trump en la resolución revelan el sesgo del texto, no haciendo referencia a los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes, a la represión a saharauis en territorio ocupado o a la condena a los ataques a civiles por parte de militares del régimen marroquí. El Consejo de Seguridad se convertiría así en avalista de una solución impuesta que ignora el derecho internacional y la necesidad de concluir el proceso de descolonización. Con esta maniobra, Estados Unidos no solo incumple la Carta de la ONU, sino que empuja al Sáhara Occidental hacia un escenario de conflicto abierto cuyas consecuencias se extenderán por todo el Sahel y alcanzarán directamente a España y a Canarias.
