La jornada de huelga indefinida de ayer miércoles en la educación pública madrileña deja una imagen insólita: decenas de docentes han pasado la noche en el colegio Jarama de Rivas-Vaciamadrid con sacos de dormir para exigir una mesa de diálogo que el Gobierno regional sigue negando.
La paciencia tiene un límite y el profesorado de la Comunidad de Madrid ha decidido que ya lo ha alcanzado. Lo que comenzó el pasado 14 de octubre como una huelga indefinida en demanda de mejoras salariales y laborales se ha transformado en un pulso político que este miércoles escribió un nuevo capítulo: el encierro nocturno de docentes en el CEIP Jarama de Rivas-Vaciamadrid. Con sacos de dormir y dispuestos a no moverse hasta que la Consejería de Educación acceda a sentarse a hablar, los profesores buscan visibilizar lo que consideran un abandono estructural de la escuela pública.
La acción, decidida en asamblea, no es un hecho aislado. Llega después de una jornada del martes en la que las protestas se multiplicaron por municipios como Alcalá de Henares y Leganés, e incluso lograron colarse en el Museo Reina Sofía, donde un centenar de docentes recorrió sus salas para teñir de verde las reivindicaciones educativas. Para este jueves, el calendario de movilizaciones prevé una concentración frente a la Asamblea de Madrid coincidiendo con el Pleno semanal, y una manifestación vespertina que partirá de Atocha hacia la sede de la Consejería en la calle Alcalá.
El pulso de las cifras y la negociación imposible
El trasfondo del conflicto es una brecha de difícil solución. Los sindicatos convocantes —CCOO, UGT, CGT, CNT, Solidaridad Obrera y STEM, entre otros— exigen una equiparación salarial con otras Comunidades, la reducción de ratios y la recuperación del horario lectivo perdido. La Administración que preside Isabel Díaz Ayuso rechaza de plano la propuesta económica: según cálculos regionales, elevar el sueldo en esa cuantía supondría un desembolso de 655 millones de euros anuales, una cifra que consideran inasumible. El Ejecutivo autonómico insiste en que la huelga tiene un carácter «político» y mantiene su negativa a abrir una negociación específica con el comité de huelga, limitándose a garantizar los servicios mínimos.
La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha sido el blanco directo de las consignas. «Exigimos a la consejera que escuche de una vez por todas», señalaban los docentes concentrados en Rivas, mientras el Ayuntamiento de la localidad, gobernado por Aída Castillejo, mostró su respaldo institucional al encierro, subrayando el compromiso del municipio con la enseñanza pública.
Un movimiento sostenido en el tiempo
La huelga, que cumple su sexta jornada, se sostiene sobre una estructura de movilizaciones descentralizadas pero constantes. Los piquetes informativos han amanecido un día más a las puertas de los centros, y la tensión ha ido escalando con el paso de los días: desde cortes de tráfico en la A-3 hasta las recientes concentraciones que han rodeado la Asamblea. La división de cifras de seguimiento es otro síntoma de la dureza del conflicto: mientras los sindicatos hablan de alrededor del 50 % de participación, la Consejería reduce el dato al 10,2 %.
Para los docentes, cada día de paro supone una pérdida salarial cercana a los 100 euros, pero el desgaste económico parece compensado por una convicción profunda: la de que la calidad de la enseñanza pública madrileña está en juego. «No nos vamos a callar ante el abandono de la escuela pública», repetían los encerrados en Rivas. La pelota sigue en el tejado del Gobierno regional, que por ahora observa cómo el conflicto se enquista y se extiende por el mapa de la comunidad, desde las aulas hasta los museos, y desde los municipios del sur hasta las puertas del Parlamento autonómico.
