Vox activa en Castilla y León un comité de censura para evaluar la «trascendencia ideológica» del cine subvencionado

El consejero de Cultura, Alberto Díaz Pico, anuncia que un grupo de funcionarios decidirá qué películas reciben ayudas públicas, mientras el Ministerio de Cultura anuncia un recurso judicial y acusa a la Junta de ejercer «censura a través de las subvenciones».

La Consejería de Cultura de Castilla y León, dirigida por Vox, ha confirmado la puesta en marcha de un comité de «técnicos y expertos» que evaluará la «trascendencia ideológica» de los proyectos cinematográficos que soliciten financiación autonómica. La medida llega después de que la Consejería introdujera en las bases de las ayudas al cine para 2026 una cláusula que excluye a las producciones que «impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas».

El consejero del ramo, Alberto Díaz Pico, defendió este miércoles la creación de esa comisión durante una comparecencia tras el pleno de las Cortes autonómicas. «Confiamos en la profesionalidad de los funcionarios públicos de esta Administración. ¿O creemos que ellos también están ideologizados?», declaró el consejero, que apeló al «sentido común» como criterio para determinar qué es cine ideologizado, sin precisar qué contenidos quedarían excluidos. Díaz Pico vinculó la calidad de una película con su capacidad de atraer espectadores y sostuvo que el dinero público no debe financiar «posturas ideológicas» que, a su juicio, «no interesan a nadie» y suponen «propaganda política».

La orden que regula estas subvenciones fue publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León el pasado 9 de octubre y el plazo de solicitud permanece abierto hasta el 3 de noviembre. La convocatoria establece ayudas de hasta 60.000 euros por proyecto, con un anticipo del 20% y la obligación de que la productora cubra al menos el 10% del presupuesto.

La decisión ha desatado un choque frontal entre la Junta de PP y Vox y el Gobierno central. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció que su departamento recurrirá ante la justicia la convocatoria al considerar que trata de «ejercer la censura a través de las subvenciones» con criterios ideológicos. «Es una forma de censura intolerable», afirmó Urtasun, que advirtió de que «hoy lo hacen en Castilla y León y mañana querrán hacerlo desde el Gobierno de España». La ministra de Igualdad, Ana Redondo, fue más allá y acusó a Vox de querer «adoctrinar con su ideología fascista», mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, insinuó que la situación en Castilla y León recuerda a una dictadura: «Yo pensaba que la dirección artística de una película solo la decidían los gobiernos en las dictaduras».

El PSOE autonómico también ha rechazado la medida. Su portavoz, Carlos Martínez, acusó a la coalición de querer «resucitar al censor» de la comunidad «como en los tiempos del blanco y negro y del NODO». Desde Vox, el diputado nacional Carlos Hernández Quero negó que se trate de un veto y sostuvo que lo que se busca es que las subvenciones dependan de la calidad de los proyectos «y no de lo que tenga que ver con la ideología».

La polémica alcanza de lleno a la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que inaugura su 72ª edición este viernes. Díaz Pico afirmó que el festival «tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica» y criticó que se preste atención a un cine «más ideologizado» mientras se evitan «temáticas históricas que puedan tener que ver con el espíritu y la presencia de España en el mundo». Pese a sus críticas, el consejero aseguró que las ayudas autonómicas al certamen no están siendo revisadas y que no prevé cambios en su financiación en los próximos presupuestos.