El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha instado a dos plataformas de alquiler turístico a retirar un total de 8.318 anuncios de alojamientos que se ofertaban como alquileres de temporada pese a incumplir la normativa vigente. La Dirección General de Consumo ha identificado que estos anuncios permitían reservas por menos de 31 días, duración mínima que establece la ley para este tipo de contratos tras la aprobación del Real Decreto-ley 29/2026 el pasado 6 de octubre en el Consejo de Ministros.
La actuación se ha centrado especialmente en la Comunidad de Madrid, donde se localizan 6.772 de los anuncios ilícitos, de los cuales 6.523 corresponden a alojamientos situados en la ciudad de Madrid. El organismo considera que publicitar estas viviendas como alquileres de temporada sin cumplir los requisitos legales constituye una comunicación comercial desleal por engañosa, lo que supone una infracción del artículo 47 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU).
Para ejecutar esta medida, Consumo ha requerido la retirada de los anuncios a ambas plataformas a través de los mecanismos de notificación previstos en el Reglamento de Servicios Digitales. Una vez informadas, las plataformas asumen responsabilidad directa sobre los posibles ilícitos comunicados, según la normativa europea. En caso de no retirar los anuncios o bloquear su acceso, podrían enfrentarse a la apertura de un expediente sancionador por parte de Consumo.
Esta intervención se enmarca en la estrategia del ministerio para combatir las prácticas ilegales que contribuyen a la crisis de vivienda en España. En actuaciones previas, Consumo sancionó con 64 millones de euros a Airbnb por ofertar miles de alojamientos turísticos que incumplían la normativa, lo que supuso la retirada de más de 65.000 anuncios en ese portal. Asimismo, Booking retiró más de 4.000 anuncios que no se ajustaban a la ley tras un requerimiento oficial.
En el ámbito inmobiliario, el ministerio impuso una sanción de 3,6 millones de euros a la inmobiliaria Alquiler Seguro por prácticas abusivas contra sus inquilinos, identificando seis infracciones muy graves y una grave por vulnerar los derechos de los consumidores y aprovechar su posición de predominio de mercado. Consumo mantiene abierto un expediente a otra gran inmobiliaria que también alquila miles de inmuebles en toda España por prácticas similares.
Con estas medidas, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 refuerza su compromiso de garantizar el cumplimiento de la normativa de vivienda y proteger los derechos de los consumidores frente a prácticas que distorsionan el mercado del alquiler.
