La sombra de las irregularidades en la contratación de obras de Formación Profesional en Madrid se alarga. Tras los casos iniciales conocidos en 2023, la investigación judicial se amplía ahora a nuevas decenas de contratos y centros, en un escándalo que ha destapado graves contradicciones entre altos cargos del gobierno regional y que podría superar los 6 millones de euros en contratos cuestionables.
Contradicciones entre altos cargos
La investigación ha sacado a la luz una clara contradicción entre dos ex-altos responsables de Educación. Por un lado, José María Serrano, exsubdirector general de Secundaria, declaró en diciembre de 2025 que alertó por escrito en 2021 de que el procedimiento que se estaba siguiendo era «clara e ilegal». Asegura que en una reunión exigió aplicar la ley de contratos y advirtió de que las obras debían ser gestionadas por la Dirección de Infraestructuras.
Por otro lado, su entonces superior, el exdirector general de Secundaria y FP José María Rodríguez, declaró que «jamás» sospechó irregularidad alguna. Esta discrepancia sitúa en el centro de la investigación las órdenes que podían emanar de la cúpula de la Consejería de Educación.
Nuevos centros en la mira
La trama no se limita a los dos institutos iniciales (IES Hotel Escuela e IES Ciudad Escolar). La Fiscalía de Madrid y los partidos de la oposición investigan presuntas irregularidades en, al menos, otros seis centros de FP.
| Centro Educativo | Localidad |
|---|---|
| Escuela de Arte de FP de Alcalá de Henares (IES Antonio Machado) | Alcalá de Henares |
| IES Príncipe Felipe | Fuencarral (Madrid) |
| IES Carlos Bousoño | Majadahonda |
| IES Pío Baroja | Madrid |
| Centro de FP Ignacio Ellacuría | Alcorcón |
| Centro Territorial de Innovación y Formación (CTIF) Sur | Leganés |
| Escuela de Idiomas | Leganés |
Las acusaciones apuntan a un «empleo abusivo y fraudulento» de la figura del contrato menor. Los presupuestos de las obras eran elevados (hasta 2.5 millones), pero se habrían fraccionado sistemáticamente en facturas inferiores a 40,000 euros para adjudicarlas directamente («a dedo»), eludiendo los concursos públicos obligatorios.
La trama del fraccionamiento
El mecanismo investigado era complejo. Según declaraciones judiciales, los fondos europeos para crear nuevas plazas de FP llegaban a las cuentas de gestión de los institutos. En lugar de pasar por la Dirección de Infraestructuras, las obras se pagaban directamente como «gastos operativos» desde las cuentas de los centros, sin la supervisión y licitación adecuadas.
El constructor Gabriel Navarro, cuyo grupo Virelec es una de las empresas más señaladas, declaró que durante 15 años realizó obras en más de 20 centros educativos de Madrid y que, habitualmente, los encargos «no se hacían por escrito».
Consecuencias políticas y judiciales
La causa judicial, instruida por el Juzgado de Instrucción 39, investiga delitos de prevaricación administrativa y fraude en contratación pública. Aunque la propia Comunidad de Madrid solicitó la investigación inicial, las auditorías internas han señalado responsabilidades dentro de la Consejería de Educación, que dirigía entonces Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid.
La oposición ha denunciado formalmente la situación y exige explicaciones de Ossorio y de la actual consejera de Economía, Rocío Albert, quien era viceconsejera de Educación en el período investigado.
Magnitud del caso
La magnitud económica del escándalo es creciente. Mientras las primeras auditorías apuntaban a unos 3.9 millones de euros, las últimas denuncias elevan la cifra a más de 6 millones, repartidos en más de 300 contratos menores adjudicados a una decena de empresas.
Cronología del escándalo
- 2021-2023: Periodo en el que se habrían ejecutado la mayoría de las obras bajo investigación.
- Septiembre de 2023: Una constructora reclama pagos impagados por valor de 1.4 millones a dos institutos, destapando el caso.
- Abril de 2024: La Comunidad de Madrid presenta denuncia penal contra el exsubdirector de FP y dos directores de centros.
- Julio-Diciembre de 2025: Declaraciones judiciales clave que revelan contradicciones entre altos cargos y amplían la investigación a nuevos centros.
- Enero de 2026: La investigación judicial sigue abierta, con la probabilidad de que se amplíe a más centros y contratos.
La jueza ya advirtió en noviembre de 2025 de la posible existencia de una infracción penal, y las diligencias siguen escalando en el organigrama de la antigua Consejería. El desenlace de este caso, en el que ya están personados partidos políticos y sindicatos, marcará la política madrileña durante los próximos meses.
El ‘caso FP’ ha dejado de ser una investigación sobre dos institutos para convertirse en una trama que cuestiona el sistema de contratación durante la expansión acelerada de la Formación Profesional en Madrid. Las contradicciones entre exdirectores generales, la cantidad de centros implicados y los millones en contratos bajo sospecha dibujan un escándolo de dimensiones políticas considerables, cuyo desenlace judicial aún está por escribir.
