La justicia avala la gestión de la EMV y desestima las acusaciones de perjuicio a los fondos públicos, confirmando que no se aprecian irregularidades en los ejercicios 2023-2024.
La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha puesto fin definitivo al procedimiento judicial abierto por las denuncias del Partido Popular de Rivas contra la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y la gestión económica del Ayuntamiento. El auto, que declara firme la resolución al no haberse presentado recurso extraordinario de casación en plazo, avala completamente la gestión pública y cierra cualquier posibilidad de nuevas impugnaciones.
Una denuncia sin fundamento jurídico ni contable
El PP de Rivas había denunciado una supuesta alteración en las cuentas del Ayuntamiento y de la EMV, solicitando incluso la fiscalización de ambas entidades y del presupuesto municipal consolidado. Tras el archivo inicial en junio de 2025, el grupo presentó un recurso de apelación insistiendo en la existencia de presuntas pérdidas.
En su resolución, el Tribunal de Cuentas considera que la denuncia «no permite deducir la existencia de saldos deudores injustificados ni de daño real, efectivo y evaluable económicamente a los fondos públicos». Este requisito es imprescindible para iniciar un procedimiento de responsabilidad contable, por lo que el tribunal ha sido contundente al desestimar las alegaciones del partido popular.
Además, la resolución incorpora los argumentos de la Fiscalía, que señala que las transferencias de recursos del Ayuntamiento a la EMV no generan perjuicio, sino que son un «desplazamiento patrimonial entre dos entidades públicas», ya que el Ayuntamiento posee el 100% del accionariado de la empresa municipal.
Un modelo de vivienda pública que funciona
La EMV de Rivas se consolida como un referente en la Comunidad de Madrid, siendo la empresa municipal con mayor número de viviendas en alquiler asequible en términos relativos. Actualmente gestiona un parque de viviendas públicas que, con la próxima entrega de 83 viviendas para jóvenes en la avenida de Pilar Miró, alcanzará las 758 viviendas.
Los precios de estos alquileres oscilan entre los 300 y 600 euros mensuales, cifras muy alejadas de los 1.000-1.200 euros que se pagan en otros municipios. Este modelo contrasta con políticas como el Plan VIVE de la Comunidad de Madrid, que según la concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmin Manji, establece alquileres cercanos a precios de mercado.
Reacciones políticas al fallo judicial
La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo Parrilla, ha valorado positivamente la resolución, señalando que «el PP de Rivas, apoyado por el PP de Madrid, lleva tiempo con una campaña salvaje de desprestigio de la empresa pública y buscando su cierre». Castillejo añadió que «el objetivo del PP es claro: quieren privatizar la empresa para venderla a sus amigos los constructores, como han hecho en otros municipios».
Desde el gobierno municipal se afirma que este fallo judicial «confirma nuevamente que la estrategia municipal de fortalecer el parque público de vivienda es correcta y está ajustada a la legalidad». Frente a este modelo, acusan al Partido Popular de mantener «una campaña de descrédito hacia la EMV y hacia las políticas públicas de vivienda de Rivas, alineándose con el modelo de especulación y fondos buitre que defienden en la Comunidad de Madrid».
Futuro de la vivienda pública en Rivas
Los planes del gobierno municipal pasan por construir más de 500 viviendas públicas adicionales en distintas parcelas dotacionales de la ciudad, dentro de su VII Plan de Vivienda. Estas construcciones, situadas en suelo terciario destinado originalmente a servicios, buscan precisamente proteger este patrimonio para las generaciones futuras.
El Partido Popular se había opuesto a estas construcciones el pasado verano, proponiendo en su lugar la ampliación de otras dotaciones no relacionadas con vivienda. Mientras, el PP mantiene su crítica al modelo, afirmando en un artículo de opinión de su portavoz Janette Novo que el gobierno municipal «quieren una ciudad uniforme» y reducen la oferta de vivienda.
Con el fallo definitivo del Tribunal de Cuentas, se cierra un capítulo judicial pero se reabre el debate sobre qué modelo de ciudad y de gestión de vivienda quiere Rivas Vaciamadrid, en un contexto donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones ciudadanas.
