Moeve, Cox, ORNX y otras multinacionales firman acuerdos con Marruecos para explotar recursos en territorio ocupado, ignorando resoluciones de Naciones Unidas y dictámenes judiciales, mientras el Gobierno español actúa como asesor comercial de la dictadura alauí
La colonización económica del Sáhara Occidental avanza a pasos agigantados con la complicidad de empresas españolas y, lo que es más grave, con la connivencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, que ha convertido la política exterior española en un brazo comercial de la monarquía marroquí. Lo que Naciones Unidas sigue considerando un territorio no autónomo pendiente de descolonización es, para los intereses económicos de ambos lados del Estrecho, una tierra sin dueño cuyos recursos pueden expoliarse impunemente.
El último y más escandaloso capítulo de esta historia tiene nombre propio: Moeve, la antigua Cepsa, que ha firmado un acuerdo con las autoridades marroquíes para desarrollar un proyecto de hidrógeno verde en Dakhla, una de las principales ciudades del Sáhara Occidental ocupado. La compañía española se ha asociado con la empresa estatal emiratí TAQA en una operación que implica la reserva de terrenos en la región para la producción de combustibles sintéticos y amoníaco verde .
Pero Moeve no está sola en este saqueo. El consorcio ORNX, integrado por la estadounidense Ortus, la española Acciona y la alemana Nordex, ha obtenido una concesión de nada menos que 30.000 hectáreas en El Aaiún para construir una plataforma industrial valorada en 4.500 millones de dólares que combinará más de 2 gigavatios de generación eólica y solar, sistemas de baterías, electrolizadores y plantas de desalinización . Un proyecto faraónico que se asentará sobre territorio ocupado sin que sus legítimos dueños, el pueblo saharaui, hayan sido consultados.
La política marroquí es clara: utilizar el reclamo de la transición energética europea para consolidar su control sobre el territorio. En febrero de 2026, Rabat firmó una serie de acuerdos de reserva de tierras con empresas previamente seleccionadas en su programa de hidrógeno verde, conocido como la «Oferta Marruecos». El mapa que acompaña esta política muestra que una parte sustancial de los terrenos ofrecidos se encuentra en el Sáhara Occidental .
La diplomacia española como agencia comercial de Marruecos
Lo más grave del asunto no es solo la participación de empresas españolas en la explotación ilegal de recursos, sino el papel activo que juega el Ministerio de Asuntos Exteriores en facilitar estos negocios. La cumbre bilateral de alto nivel celebrada en Madrid en diciembre de 2025, en la que se firmaron 14 acuerdos de cooperación, evidenció hasta qué punto el gobierno de Pedro Sánchez ha asumido el rol de asesor comercial del régimen de Mohamed VI.
En el foro económico previo a la cumbre, más de un centenar de empresarios de ambos países se reunieron en la sede de la CEOE para discutir proyectos conjuntos en deshidratación y gestión del agua, hidrógeno verde, infraestructuras ferroviarias y energías renovables. Los responsables marroquíes destacaron la asignación de 1,5 millones de hectáreas para la producción de hidrógeno verde —una parte significativa de ellas en territorio ocupado— y los programas de infraestructuras hídricas valorados en 650 millones de euros en los que las empresas españolas juegan un papel protagonista .
Mientras tanto, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, boicoteó la cumbre declarando: «No podemos ceder ni un centímetro de tierra saharaui» . Pero su gesto, aunque significativo, no ha impedido que la maquinaria diplomática española siga engrasando los negocios de la ocupación.
El precedente de Abengoa y el saqueo del agua
No es la primera vez que empresas españolas se ven envueltas en la explotación de recursos en el Sáhara Occidental. La compañía Abengoa —rebautizada como Cox tras su adquisición— ya participó en el desarrollo de la desaladora de Agadir, la mayor de Marruecos, un proyecto vinculado a polémicos parques eólicos en territorio saharaui .
La paradoja alcanza su punto más grotesco cuando se constata que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló en octubre de 2024 el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos precisamente por incluir productos del Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui. La sentencia exigía que cualquier acuerdo comercial debía garantizar «beneficios específicos, tangibles y verificables» para la población del territorio ocupado .
Sin embargo, la Comisión Europea, presionada por intereses geoestratégicos y económicos, ha hecho caso omiso. El nuevo acuerdo entró en vigor provisionalmente el 3 de octubre de 2025, ignorando la sentencia y certificando que los productos del Sáhara —cítricos, tomates, conservas de pescado— pueden seguir entrando en Europa con etiquetas que indican regiones como «Laâyoune-Sakia El Hamra» o «Dakhla-Oued Eddahab» como si fueran provincias marroquíes .
El silencio cómplice de Exteriores
Lo más alarmante de todo es la actitud del Ministerio de Asuntos Exteriores español, que lejos de defender el derecho internacional y la posición histórica de España como potencia administradora de facto del territorio, actúa como un departamento comercial al servicio de los intereses marroquíes. El giro de 180 grados operado en marzo de 2022, cuando Sánchez respaldó el plan de autonomía marroquí para el Sáhara, abrió las compuertas a este saqueo .
Las consecuencias no se han hecho esperar: España perdió el mercado argelino durante más de dos años, con pérdidas estimadas en más de 600 millones de euros para las empresas españolas, pero ganó el favor de Rabat y la posibilidad de que sus multinacionales participen en el expolio .
Mientras el pueblo saharaui sigue hacinado en los campamentos de refugiados de Tinduf, esperando el referéndum de autodeterminación prometido hace más de tres décadas, las empresas españolas construyen parques eólicos, desaladoras y plantas de hidrógeno en su tierra. Lo hacen con la bendición de un Ministerio de Exteriores que ha olvidado que la función de la diplomacia no es buscar clientes para las multinacionales, sino defender los intereses generales del país y el respeto al derecho internacional.
Ocho relatores especiales de Naciones Unidas han instado a Marruecos a detener la demolición de viviendas saharauis vinculada a la expansión de las energías verdes en el territorio, y han expresado su preocupación por la represión de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos . Pero sus advertencias caen en saco roto cuando los intereses económicos mandan.
Sara Eyckmans, de WSRW, lo resume con crudeza: «Es extraordinario ver a empresas multinacionales aceptar tierras de una potencia ocupante que no tiene título legal para concederlas. Estos proyectos no tienen lugar en un vacío jurídico. Al avanzar sin el consentimiento del pueblo saharaui, los inversores no solo se exponen a graves riesgos legales, sino que ayudan a consolidar una ocupación ilegal» .
La pregunta que nadie responde en los despachos de Exteriores es sencilla: ¿cuánto vale la dignidad de un pueblo? A juzgar por los hechos, exactamente lo que una empresa esté dispuesta a invertir en territorio ocupado.
