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Marruecos convierte a 2.500 menores en moneda de cambio en una crisis humanitaria que no es migratoria

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La reclamación de devolución inmediata de los 2.500 menores marroquíes que permanecen en Ceuta se estrella contra los muros legales que protegen a la infancia en Europa, al tiempo que revela una estrategia de presión por parte del régimen alauí que trasciende lo humanitario. El ministro de Justicia marroquí, Abdelatif Uahbi, ha condicionado este sábado la aceptación de los cadáveres de los migrantes fallecidos en aguas de Ceuta a la repatriación efectiva de los niños y adolescentes, una vinculación que la propia fiscal de menores de la Fiscalía General del Estado, Teresa Gisbert, ha calificado como algo que «no tiene sentido».

Marruecos utiliza la presión migratoria como una de sus armas estratégicas, según ha denunciado el embajador del Frente Polisario en Argentina, Mohamed Alí, quien define al régimen de Mohamed VI como un «narco-Estado» que emplea a su población como ariete geopolítico. No se trata de una crisis migratoria ordinaria, sino de una crisis humanitaria provocada por una decisión política deliberada: el pasado 30 de julio, más de 70.000 personas cruzaron irregularmente la frontera en un lapso de 48 horas, y entre ellos, 2.500 menores han sido identificados hasta la fecha. Como señala el analista Eduardo Vázquez Martul, Marruecos utiliza como táctica «mandar a menores, mujeres o ancianos, utilizados como ejército desarmado, y facilitar que crucen en masa una frontera, aun a costa de morir ahogados».

La legislación española y europea, sin embargo, impone un cortafuegos a esta instrumentalización. España veta la expulsión automática y colectiva de menores, y está sometida a las normas de protección nacionales y europeas que obligan a evaluar cada retorno con detalle y caso por caso. Como subraya Mariam Essaadi, coordinadora de la Asociación de Protección de la Infancia de Marruecos, el retorno «no debe limitarse simplemente al traslado del menor a territorio marroquí. Tiene que existir un verdadero proceso de protección: identificación individual, localización y valoración de la familia, evaluación del interés superior del menor». El régimen marroquí no puede garantizar estas condiciones, y su exigencia de devolución inmediata choca frontalmente con el principio de universalidad de los derechos humanos, que obliga a todos los Estados a rendir cuentas de su cumplimiento.

El Gobierno de España no debe dejarse llevar por los discursos racistas y simplistas de la derecha y la ultraderecha, que intentan aprovechar la situación para criminalizar a los menores y exigir soluciones expeditivas que vulnerarían el Estado de derecho. La portavoz del Gobierno ha afirmado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, «está pidiendo incumplir la ley con los menores» y «dejar de ser un Estado de derecho». La concentración ultra de Save Europe Act en Barcelona ha pinchado con apenas medio centenar de asistentes, mientras centenares de antifascistas salían a defender los valores democráticos. La ultraderecha intenta incidir en la opinión pública mediante noticias falsas y redes de desinformación, como ha alertado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtiendo de que estos grupos «han logrado ganar elecciones en América Latina mediante la desinformación».

Resolver la situación es urgente, pero no puede hacerse al margen de la ley. El Ministerio de Juventud e Infancia trabaja en un plan integral de acogida que incluye el traslado de unas 500 niñas a la Península, muchas de ellas víctimas de agresiones sexuales durante su estancia en Ceuta. Sin embargo, el reparto de menores entre comunidades autónomas sigue siendo un problema estructural. La ley establece la obligación de acogida para todas las comunidades, y ante la evidencia de incumplimiento reiterado y con intención por parte de las autonomías gobernadas por el PP y bajo el chantaje de Vox, el Gobierno debería plantearse medidas de suspensión de competencias autonómicas. No se puede permitir que el interés superior del menor quede supeditado a cálculos políticos partidistas. Ceuta no puede convertirse en un limbo mientras las distintas administraciones discuten competencias, procedimientos y responsabilidades. El Estado tiene que asumir el mando y proporcionar recursos y soluciones, con la ley como única guía.

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