Por B. Rojas.
En los últimos años, una parte del discurso político ha experimentado una deriva preocupante: la simplificación extrema de problemas complejos y la recuperación de viejos marcos de exclusión. No se trata únicamente de una cuestión ideológica, sino de una estrategia comunicativa que banaliza el conflicto social y señala, de forma cada vez más explícita, a colectivos vulnerables.
La banalidad del mal —concepto popularizado por Hannah Arendt— no implica necesariamente grandes atrocidades, sino algo más sutil y, por ello, más peligroso: la normalización de discursos que reducen la dignidad de determinados grupos a objeto de debate o burla. En el terreno político, esto se traduce en mensajes simplificados que convierten derechos en privilegios y diversidad en amenaza. En este contexto, algunos actores políticos han optado por reactivar discursos que parecían superados. En España, Vox ha cuestionado leyes fundamentales como las de violencia de género o las destinadas a proteger a las personas LGTBI, presentándolas como imposiciones ideológicas. Este tipo de planteamientos no solo deslegitima avances sociales ampliamente consensuados, sino que también reabre un marco en el que mujeres, personas homosexuales o cualquier identidad disidente vuelven a ser señaladas. Pero la banalidad no se limita a estos colectivos. También alcanza a las personas con discapacidad, cuya realidad es a menudo invisibilizada o tratada desde el paternalismo o la indiferencia institucional.
La diversidad funcional sigue siendo, en demasiadas ocasiones, un asunto secundario en la agenda política, reducido a gestos simbólicos sin un compromiso estructural real. Del mismo modo, cualquier forma de diferencia —cultural, social o identitaria— puede convertirse en blanco de discursos simplificadores que buscan rédito político. Se construye así una categoría difusa de “los otros”, donde caben todos aquellos que no encajan en una supuesta norma. Incluso el trato hacia los animales forma parte de este fenómeno. La persistencia de prácticas que implican sufrimiento animal, defendidas bajo el amparo de la tradición o la identidad cultural, pone de manifiesto hasta qué punto la empatía puede quedar relegada cuando entra en juego el cálculo político. El debate sobre el bienestar animal es a menudo ridiculizado o minimizado, pese a reflejar un avance ético significativo en las sociedades contemporáneas. No se trata de un fenómeno aislado.
En Italia, el partido Fratelli d’Italia, liderado por Giorgia Meloni, ha impulsado una agenda centrada en la defensa de un modelo de familia tradicional que excluye, de facto, otras realidades. En Hungría, el gobierno de Fidesz bajo el liderazgo de Viktor Orbán ha promovido leyes que limitan la visibilidad de la diversidad sexual, especialmente en el ámbito educativo. Incluso en democracias consolidadas como Estados Unidos, el ciclo político asociado a Donald Trump ha favorecido la proliferación de iniciativas que restringen el tratamiento de la identidad de género en las escuelas, alimentando una narrativa de confrontación cultural. El denominador común de estos casos no es únicamente la orientación ideológica, sino la utilización de ciertos colectivos como herramienta de movilización política. Se construye así un relato en el que las personas “diferentes” —ya sea por su orientación sexual, su identidad, su género, su capacidad o incluso su relación con el entorno natural y los animales— son presentadas como problema. Y es precisamente en esa construcción donde reside el riesgo: cuando la política deja de gestionar la diversidad para empezar a explotarla.
Conviene subrayar que la crítica a políticas públicas es legítima y necesaria en cualquier democracia. Sin embargo, existe una línea clara entre el debate político y la estigmatización. Cruzarla no solo empobrece la conversación pública, sino que erosiona los principios básicos de convivencia.
La historia reciente de Europa debería servir como advertencia suficiente. La degradación del lenguaje precede, con frecuencia, a la degradación de los derechos. Por eso, frente a la banalización del mal, la respuesta no puede ser el silencio ni la resignación, sino una defensa firme de la dignidad, la complejidad y el respeto como pilares irrenunciables del espacio público.
