La fiscalía de Roma abre diligencias tras la interceptación de la ‘Flotilla de la Libertad’ en aguas internacionales, mientras crece el debate sobre el retroceso democrático de Israel.
Lo que comenzó como una misión humanitaria para romper el bloqueo marítimo sobre la Franja de Gaza se ha convertido en una crisis diplomática y una nueva denuncia de violación sistemática de derechos humanos. Los activistas Thiago de Ávila (brasileño) y Saif Abu Keshek (español) llevan seis días en huelga de hambre tras ser interceptados por fuerzas israelíes en aguas internacionales. A través de sus abogados, han relatado un calvario de tortura psicológica, amenazas de muerte y confinamiento en condiciones que, según expertos, evocan las prácticas de los regímenes menos democráticos.
La respuesta internacional no se ha hecho esperar. La Fiscalía de Roma ha abierto diligencias por un presunto delito de secuestro, al considerar que la captura de los activistas a bordo de buques con bandera italiana podría constituir un delito de jurisdicción universal .
El testimonio del horror
Según el informe presentado por la organización israelí de derechos humanos Adalah, que ha tenido acceso a los detenidos en la prisión de Shikma (Ashkelon), los dos activistas están siendo sometidos a un régimen de «aislamiento total» y «luz de alta intensidad» las 24 horas del día . El objetivo de esta técnica, comúnmente utilizada para la desorientación sensorial, es quebrar la resistencia psicológica del detenido.
El testimonio de Thiago de Ávila es especialmente estremecedor. Según consta en la denuncia de Adalah, los interrogadores israelíes le habrían espetado directamente: «Serás asesinado o pasarás 100 años en prisión» . Además, los abogados reportaron que Ávila fue trasladado esposado y con los ojos vendados durante días, siendo sometido a temperaturas extremadamente frías dentro de las celdas.
La flotilla Global Sumud declaró que Abu Keshek fue «separado del resto y sometido a tortura sistemática» a bordo del buque militar israelí Nahshon antes de llegar a tierra firme. Testigos presenciales afirmaron haber escuchado los gritos del activista durante el interrogatorio a bordo .
El contexto: ¿El fin de la democracia en Israel?
Estas denuncias no ocurren en el vacío. Llegan en un momento en que organismos internacionales y expertos de la ONU alertan de que Israel estaría abandonando formalmente los principios democráticos que lo definieron durante décadas, adoptando un modelo de «apartheid» o etnoestado explícito.
El informe más reciente de la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, documenta un sistema de tortura «estructural» contra los palestinos, describiendo el uso de «habitaciones disco» (con música atronadora para evitar el sueño), descargas eléctricas y perros de ataque en centros de detención como Sde Teiman . En paralelo, el Knesset (parlamento israelí) aprobó recientemente una ley que permite la pena de muerte para «terroristas», una norma que, según la Unión Europea y Amnistía Internacional, se aplica casi exclusivamente a los detenidos palestinos y no a los colonos judíos .
«Israel está operando con una impunidad total. El hecho de que soldados acusados de violar a un preso palestino fueran exonerados porque la violación ‘no fue lo suficientemente violenta’ es la prueba de un colapso moral y judicial», sentenciaba recientemente un análisis de la realidad jurídica israelí, en referencia al escándalo de Sde Teiman, donde soldados fueron grabados agrediendo sexualmente a un detenido .
Reacción diplomática y acción judicial
Mientras el Ministerio de Exteriores de Israel califica las acusaciones de «falsas y carentes de fundamento» , la respuesta europea ha sido contundente en el plano judicial. La Fiscalía de Roma ha iniciado una investigación que no solo busca esclarecer la suerte de Ávila y Abu Keshek, sino que investiga a los mandos militares israelíes por los delitos de secuestro, robo y daños con riesgo de naufragio .
La decisión de Italia abre la puerta a una posible solicitud de euroorden o cooperación judicial internacional (cartas rogatorias) contra los responsables de la operación militar, lo que supone un antes y un después en la protección diplomática de la que tradicionalmente ha gozado el gobierno de Benjamín Netanyahu.
Este caso reaviva la memoria de otras interceptaciones violentas en aguas internacionales, como la del Mavi Marmara en 2010. Sin embargo, la diferencia clave en 2026 es el contexto de guerra activa en Gaza y la creciente evidencia de que las instituciones israelíes no solo permiten, sino que institucionalizan la tortura como herramienta de «seguridad», erosionando irreversiblemente su estatus democrático a ojos del mundo.
