La Comunidad de Madrid ha publicado este mes la Orden 1116/2026 en el Boletín Oficial regional, una nueva línea de subvenciones para entidades taurinas sin ánimo de lucro que ofrece condiciones excepcionales: hasta 3.000 euros por proyecto, pago del 100% por adelantado y eliminación de avales bancarios. La medida, que busca “fomentar la cultura taurina”, contrasta frontalmente con el creciente rechazo social hacia este espectáculo, que alcanza ya al 78% de la población española, según la última encuesta de Sigma Dos para El Mundo.
El Gobierno regional, amparándose en la declaración de la tauromaquia como Bien de Interés Cultural, ha simplificado el acceso al dinero público hasta extremos inusuales. Mientras en otras líneas de subvenciones culturales los beneficiarios deben adelantar los fondos y esperar meses para su reintegro, las peñas taurinas madrileñas recibirán el importe íntegro antes de ejecutar ninguna actividad. Además, la exención de avales elimina cualquier control bancario previo, facilitando la llegada del dinero a las asociaciones.
Sin embargo, los datos de opinión pública dibujan un panorama muy distinto. El 78% de los españoles no se considera taurino, y el 82,1% de las mujeres rechaza explícitamente los toros. Entre los jóvenes de 18 a 29 años, el 58,9% apoya retirar la protección legal a esta práctica, un porcentaje que cae al 45,1% entre los mayores de 65 años. “Las nuevas generaciones entienden que tradición no es sinónimo de ética. Torturar a un animal no es arte, es violencia”, señala Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis.
La contradicción resulta aún más llamativa cuando se analiza el dato clave: solo el 48% de la población apoya explícitamente la Iniciativa Legislativa Popular #NoEsMiCultura, que busca derogar la protección cultural de los toros. Esto implica que, pese a que tres de cada cuatro españoles no sienten los toros como propios, muchos siguen normalizando su existencia por inercia histórica o arraigo.
Las ayudas aprobadas por Madrid no son un caso aislado. Los críticos sostienen que precisamente el aumento de subvenciones responde a la inviabilidad económica del sector. “La tauromaquia es un negocio que no se sostiene por sí mismo; solo vive gracias al dinero público”, explican fuentes del movimiento antitaurino. Mientras el 60,1% de los votantes de Vox y el 64,9% del PP tampoco se declaran taurinos, las administraciones gobernadas por estos partidos incrementan año tras año las partidas presupuestarias para mantener a flote un espectáculo en claro declive social. La pregunta que queda flotando es: ¿hasta cuándo seguirá financiándose con impuestos de la mayoría lo que solo defiende una minoría?
