El municipio de Rivas Vaciamadrid presenta un plan de choque para retener a sus jóvenes con alquileres asequibles, mientras la Comunidad de Madrid es señalada por la venta masiva de parque social a grandes inversores.
En una clara confrontación de modelos de gestión territorial, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha presentado esta semana su ambicioso Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo, que contempla la construcción de 500 nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler sobre suelo dotacional.
La iniciativa, liderada por la alcaldesa Aída Castillejo, busca frenar la sangría de jóvenes que se ven obligados a abandonar el municipio por los precios abusivos del mercado libre, situando a la ciudad como un bastión de lo público frente a las políticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien acusan de representar los intereses de los «fondos buitres».
«Vivienda pública para siempre»
Mientras el precio medio del alquiler en municipios limítrofes se dispara, Rivas ha decidido declarar la guerra a la especulación. La apuesta principal consiste en activar cinco grandes parcelas municipales (ubicadas en las calles Picos de Urbión, Jovellanos, José Hierro, Junkal y Trece Rosas) para edificar pisos de protección oficial que nunca podrán ser vendidos a inversores privados.
«Esta es la mejor herencia que podemos dejar a quienes no tienen herencia: vivienda pública que, por estar construida sobre suelo dotacional, siempre siga siendo pública«, sentenció Aída Castillejo durante la presentación. «Son viviendas pensadas para que nuestros jóvenes puedan quedarse aquí, con precios muy por debajo del mercado», añadió.
Esta medida se suma a las 83 viviendas ya entregadas el pasado 11 de abril para jóvenes, con rentas que oscilan entre los 400 y los 600 euros mensuales, muy lejos de los estándares de la capital . En términos relativos, Rivas se consolida ya como el municipio de la Comunidad de Madrid con mayor parque público de vivienda por habitante, con 758 viviendas de alquiler gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV).
La sombra de Blackstone y Goldman Sachs
Frente a este modelo de protección, la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha sido duramente criticada por las plataformas vecinales y la oposición. El contraste es evidente: mientras Rivas multiplica su parque público, el Ejecutivo autonómico ha sido el principal valedor de la venta masiva de patrimonio público a grandes fondos de inversión.
El caso más paradigmático sigue siendo la venta de casi 3.000 viviendas del antiguo Ivima al fondo Goldman Sachs-Azora por 201 millones de euros en 2013, una operación que el Tribunal Supremo llegó a anular en 2020 por su carácter lesivo para los intereses generales, aunque la presión de los fondos ha continuado.
Más recientemente, la desprotección se ha hecho evidente con el fondo Blackstone. Operaciones realizadas durante la etapa de Ana Botella (PP) han derivado en la actualidad en que inquilinos de barrios como Carabanchel o Vallecas, que viven en viviendas que fueron públicas, estén recibiendo burofaxes con rescisiones de contrato o subidas de alquiler que alcanzan los 1.700 euros mensuales para pisos de dos habitaciones. La venta de esta cartera al fondo canadiense Brookfield ha sido calificada por el Sindicato de Inquilinas como «la mayor estafa de vivienda pública de España».
Desde Rivas insisten en que su modelo, que incluye desde cooperativas de cesión de uso (cohousing) hasta programas de «alquiler con servicios a la comunidad», es la alternativa real a una región donde los solicitantes de vivienda protegida se enfrentan a listas de espera interminables mientras los pisos públicos de antaño se revenden por el triple de su precio en el mercado secundario de los fondos de inversión .
La licitación de las 500 nuevas viviendas será lanzada por el Ayuntamiento antes del próximo verano.
