Por B. Rojas
La conexión entre Caso Gürtel y Operación Kitchen no es una teoría conspirativa ni un capricho retórico: es el hilo que une corrupción y encubrimiento, poder y autoprotección.
Gürtel destapó una estructura de prácticas corruptas que afectaba al corazón de un partido político; Kitchen apunta a algo aún más inquietante: el posible uso de las propias instituciones del Estado para tapar esas mismas prácticas. No hablamos solo de delitos, sino de una degradación profunda de las reglas del juego. El juicio que ahora se desarrolla vuelve a poner ese entramado bajo el foco. Y, sin embargo, la sensación que queda es incómoda: más que un ejercicio ejemplar de depuración de responsabilidades, parece en ocasiones una carrera de obstáculos donde la verdad avanza a trompicones. No por falta de hechos, sino por la forma en que se están gestionando.
La actuación de la Fiscalía General del Estado está siendo especialmente cuestionada. No se trata solo de decisiones concretas, sino de una impresión global de tibieza. En un caso que afecta a los cimientos de la confianza institucional, cabría esperar una posición firme, proactiva, casi pedagógica en la defensa del interés público. En su lugar, lo que muchos perciben es una estrategia errática, a veces más cercana a la contención que al esclarecimiento. Y eso, en un contexto como este, erosiona la credibilidad de todo el proceso. Pero la crítica no puede quedarse ahí. El papel del órgano judicial también merece escrutinio. Sin necesidad de caer en descalificaciones simplistas, resulta legítimo preguntarse si la dirección del procedimiento está siendo lo suficientemente rigurosa y ambiciosa. La justicia no solo debe ser imparcial: debe parecerlo. Y cuando determinadas decisiones generan dudas razonables en la opinión pública, el problema deja de ser jurídico para convertirse en institucional. Todo esto nos lleva a una cuestión de fondo: la igualdad ante la ley. Ese principio, tan repetido como esencial, se resquebraja cuando los ciudadanos perciben que los casos que afectan al poder político siguen una lógica distinta. No hace falta demostrar una desigualdad sistemática para que el daño esté hecho; basta con que la sospecha se instale. Y hoy, para muchos, esa sospecha ya no es marginal.
El juicio en curso no es solo un proceso penal. Es una prueba de resistencia para el Estado de derecho. Lo que está en juego no es únicamente la responsabilidad de unos cuantos, sino la confianza de todos. Porque si de esta historia se desprende que el poder puede protegerse a sí mismo —ya sea mediante redes corruptas o mediante mecanismos de encubrimiento—, entonces la ley deja de ser un marco común y se convierte en una herramienta selectiva. Y en ese escenario, seguir repitiendo que “todos somos iguales ante la ley” no solo suena vacío: suena directamente a burla.
