El municipio presenta un Plan Estratégico de Vivienda que amplía su parque público de alquiler, mientras critica indirectamente la pasividad regional ante el problema estructural del acceso a la vivienda.
En un contexto regional donde la vivienda se ha convertido en un bien de lujo para la mayoría de los jóvenes y familias trabajadoras, el Ayuntamiento de Rivas ha presentado una hoja de ruta que supone un aldabonazo contra el modelo predominante en la Comunidad de Madrid. Mientras la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, apuesta por la desregulación del mercado y la liberalización del suelo, Rivas demuestra que lo público sigue siendo la única herramienta eficaz para garantizar un derecho fundamental.
El nuevo Plan Estratégico Municipal de Vivienda y Suelo de Rivas activará parcelas dotacionales para construir 500 nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler. Una cifra que no es fruto de la improvisación, sino de una política sostenida durante décadas. Junto a las 83 viviendas para jóvenes entregadas el pasado abril (con rentas de entre 400 y 600 euros), el municipio consolida su parque público en 758 viviendas, triplicando a la ciudad de Madrid en número de viviendas por habitante.
Tres prioridades claras
El plan fija tres grandes objetivos: favorecer la emancipación de la juventud ripense, atender a las familias con mayores dificultades de acceso y regenerar los barrios mediante rehabilitación urbana. Se trata de un enfoque integral que la Comunidad de Madrid, empeñada en subvencionar alquileres de mercado sin control de precios, ha demostrado no tener.
“Este plan forma parte de lo que somos como ciudad, donde lo público es la principal herramienta para garantizar derechos”, ha señalado la alcaldesa Aída Castillejo. Y añadió: “Es la mejor herencia que podemos dejar a quienes no tienen herencia: vivienda pública para que siempre siga siendo pública”.
Modelos enfrentados
Frente al modelo regional de bonificaciones al alquiler privado que no frenan la escalada de precios, Rivas apuesta por la desmercantilización de la vivienda. Las nuevas promociones se levantarán sobre suelo dotacional, una figura legal que blinda el carácter público permanente de los inmuebles, que no podrán ser vendidos a fondos buitre o grandes tenedores.
La diferencia es abismal. Mientras la Comunidad de Madrid permite que el precio medio del alquiler supere los 1.500 euros en la capital, Rivas ofrece viviendas públicas por menos de 600 euros. Mientras la región mira hacia otro lado ante un problema estructural, Rivas lleva dos décadas construyendo más de 3.500 viviendas públicas desde su Empresa Municipal de la Vivienda.
“Los ayuntamientos llevamos años dando respuestas desde lo local, pero un problema estructural necesita que todas las administraciones estén a la altura”, ha reclamado Castillejo. La Comunidad de Madrid debería escuchar. O, al menos, dejar de obstaculizar. Porque mientras la región apuesta por la especulación, Rivas demuestra que otra política de vivienda no solo es posible, sino que ya está funcionando.
