Colectivos en Lucha por la Sanidad Pública reunió a siete ponentes en Madrid para hacer balance crítico del Sistema Nacional de Salud
Cuarenta años después de la aprobación de la Ley General de Sanidad (Ley 14/1986), el movimiento estatal Colectivos en Lucha por la Sanidad Pública celebró una jornada de análisis y reivindicación en el Aula Maluquer de INGESA, en Madrid. El encuentro, primero de dos previstos, sirvió para evaluar los logros de la norma que consagró la universalidad, la gratuidad y la financiación por impuestos del sistema sanitario español, pero también para denunciar el «acelerado deterioro» del modelo en la última década.
Balance crítico desde la memoria
La jornada, que contó con siete ponentes de perfiles complementarios –entre ellos Pedro Sabando, exsubsecretario de Sanidad y miembro de la comisión redactora de la ley–, dejó un diagnóstico compartido: la ley sigue siendo válida en sus fundamentos, pero su aplicación ha sido socavada por decisiones políticas deliberadas.
«La universalidad, la gratuidad y la financiación por impuestos son irrenunciables», defendió Sabando, quien advirtió de que la fragmentación en 17 sistemas autonómicos descoordinados constituye «la principal amenaza estructural para la viabilidad del SNS como sistema unitario».
Atención primaria, el frente decisivo
Varios ponentes coincidieron en señalar a la atención primaria como la pieza estratégica del sistema, también la más castigada. Amparo Botejara, médica de familia y exdiputada, recordó que la crisis financiera de 2008 se aprovechó para imponer recortes: jubilaciones no sustituidas, bajas no cubiertas y sobrecarga laboral. «La pandemia se afrontó con un sistema ya deteriorado, gracias al esfuerzo extraordinario de los profesionales», afirmó.
Asunción Prieto, protagonista del despliegue de la atención primaria en los años 80, lamentó que «las ganancias acumuladas durante 20 años se están perdiendo en la última década, con diferencias crecientes entre comunidades autónomas».
Privatización, opacidad y fondos especulativos
El análisis económico llegó de la mano de Vicente Losada, de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, quien denunció que la privatización no es una suma de decisiones aisladas, sino «una estrategia política y económica de largo recorrido». Como ejemplo, citó los hospitales de la Comunidad de Madrid bajo modelos PFI y PPP: contratos a 30 años, opacidad contractual y sobrecostes documentados. «Once hospitales madrileños tienen una titularidad real opaca, gestionada por fondos de inversión cuya identidad última no es transparente», advirtió.
Participación ciudadana vaciada
Juan Antonio Caballero, de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, denunció que la participación ciudadana contemplada en el espíritu original de la ley ha sido vaciada en la práctica. «La burocracia institucional bloquea incluso proyectos sencillos de diagnóstico de barrio. Hay que ir donde está la gente y convencerla de que la sanidad pública es eficiente y garantiza una vejez digna», reclamó.
Propuestas de blindaje
La jornada cerró con tres propuestas concretas: una ley específica de Atención Primaria que la blinde frente a la privatización; una norma que impida la entrada de fondos especulativos en los servicios esenciales; y el blindaje constitucional de la sanidad pública, que se presentará formalmente en la segunda jornada, el próximo 22 de mayo en el Congreso de los Diputados.
«Derrotados, pero no domados», sentenció Juan Gérvas, médico y profesor honorario de Salud Pública, al cierre del acto.
