El Ayuntamiento de Madrid está obstaculizando deliberadamente los procesos de regularización de personas migrantes que ya residen en España, según han denunciado diversas organizaciones sociales. Las entidades acusan al consistorio de haber planteado protocolos con una “finalidad política” orientada a “hacer naufragar” las iniciativas del Gobierno de España para regularizar a miles de inmigrantes en situación administrativa irregular.
El foco de la polémica se centra ahora en el informe de vulnerabilidad, un documento obligatorio para quienes solicitan la regularización por esta vía, una de las tres habilitadas por el Real Decreto 316/2026 . Este certificado, que debe emitir el ayuntamiento de residencia del solicitante, acredita situaciones de fragilidad social, económica o habitacional derivadas de la situación administrativa irregular.
Según la información oficial del propio Ayuntamiento de Madrid, el trámite para solicitar este informe está abierto entre el 17 de abril y el 30 de junio de 2026, exclusivamente para residentes en la capital . Sin embargo, fuentes sociales advierten que los servicios sociales municipales están colapsados y que los protocolos establecidos por el consistorio están ralentizando el proceso de forma intencionada.
“El Ayuntamiento está utilizando el certificado de vulnerabilidad como un arma de bloqueo. Saben que sin este documento los migrantes no pueden completar su solicitud, y están poniendo trabas burocráticas innecesarias”, denunció un portavoz de la Plataforma por la Regularización.
Un documento clave, un proceso bloqueado
El informe de vulnerabilidad es imprescindible solo para quienes no pueden acreditar su regularización por vía laboral (con contrato de trabajo) o familiar (hijos o ascendientes a cargo) . Según establece el Real Decreto, el certificado puede ser emitido por los servicios sociales municipales o por entidades del Tercer Sector inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería . Sin embargo, en Madrid capital, la vía principal es el Ayuntamiento.
Los colectivos sociales denuncian que, pese a existir la posibilidad de obtenerlo a través de ONGs, el Ayuntamiento no está facilitando la coordinación con estas entidades, lo que deriva toda la presión sobre sus servicios sociales, ya desbordados por la alta demanda. “Hay listas de espera de hasta tres semanas, y el plazo para presentar la solicitud completa termina el 30 de junio. Esto deja a muchas personas fuera de tiempo”, alertaron desde una asociación de apoyo a migrantes.
Además, fuentes consultadas indican que el Ayuntamiento de Madrid no está reconociendo los informes emitidos por otras administraciones locales o por ONGs con la misma celeridad, lo que añade una capa adicional de burocracia. “Es una estrategia deliberada para hacer naufragar el proceso”, insistieron los colectivos.
Exigencias al Ayuntamiento: “No hagan política de confrontación”
En un comunicado conjunto, varias organizaciones han exigido al Ayuntamiento que “no utilice a las personas migrantes como moneda de cambio en su pugna política con el Gobierno de España” y que agilice la emisión de los informes de vulnerabilidad. Asimismo, han recordado que estas personas ya estaban arraigadas en el país, muchas de ellas trabajando, empadronadas y con hijos escolarizados.
“Lo que está haciendo el Ayuntamiento no es solo una negligencia; es un boicot activo a un derecho humano básico”, afirmó una representante de la Plataforma por la Regularización. “Exigimos que se cese esta política de confrontación y se garanticen los plazos para que todas las personas que cumplen los requisitos puedan obtener su certificado a tiempo”.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, fuentes municipales no han confirmado ni desmentido las acusaciones, aunque han defendido la necesidad de “controles rigurosos” en la emisión de los informes para “evitar fraudes”. Los colectivos sociales, sin embargo, insisten en que se trata de una “cortina de humo” que responde a un interés político de confrontación con el Gobierno central en materia migratoria, y han anunciado movilizaciones en los próximos días frente a la sede consistorial.
Próximos pasos
El plazo de presentación de solicitudes de regularización finaliza el 30 de junio de 2026 . Los colectivos sociales han instado al Gobierno central a habilitar vías alternativas para que los migrantes empadronados en Madrid puedan obtener el informe de vulnerabilidad sin depender exclusivamente de un Ayuntamiento al que acusan de boicotear el proceso.
Mientras tanto, cientos de personas en situación de vulnerabilidad permanecen en un limbo administrativo, a la espera de un documento que el Ayuntamiento se niega a agilizar.
