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El Partido Popular cruza una línea peligrosa al convertir la xenofobia en política institucional

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La enmienda pactada con Vox sobre inmigración traslada al Congreso un discurso que discrimina por origen y condición social bajo apariencia técnica

Hay momentos en los que la política deja de ser una disputa de ideas para convertirse en algo más serio: una redefinición de lo que es aceptable. Lo que ha hecho el Partido Popular al llevar al Congreso una enmienda basada en su acuerdo con Vox no es un simple movimiento parlamentario. Es un paso más en la normalización de la xenofobia, el racismo y el clasismo dentro de las instituciones.

El texto gira en torno a la llamada “prioridad nacional”, una expresión que suena neutra pero que, en la práctica, introduce una jerarquía entre personas. Bajo esa fórmula se propone que el acceso a ayudas públicas, vivienda o prestaciones dependa de un supuesto “arraigo” que no deja de ser un filtro social. Un concepto lo suficientemente ambiguo como para aplicarse siempre contra los mismos: quienes llegan de fuera, quienes tienen menos, quienes no encajan en un modelo concreto de ciudadanía. Lo más preocupante no es que ese discurso exista. Lleva tiempo circulando en determinados espacios políticos. Lo grave es que el Partido Popular haya decidido asumirlo y trasladarlo al Congreso casi sin matices, reproduciendo lo pactado con Santiago Abascal bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. No es un desliz, ni una cesión puntual. Es una elección consciente. Durante años, el PP intentó mantener una cierta distancia con los planteamientos más duros de la ultraderecha. Esa estrategia, basada en decir una cosa y hacer otra según el territorio, ha ido dejando paso a algo más directo: integrar ese marco ideológico dentro de su propia acción política. Y eso tiene consecuencias. Porque cuando se introduce en el debate público la idea de que los recursos deben repartirse en función de quién eres o de dónde vienes, lo que se está haciendo es legitimar una desigualdad estructural. No se trata solo de inmigración. Es también clasismo. Es señalar que hay ciudadanos de primera y de segunda en función de su posición, su origen o su capacidad de demostrar un arraigo que muchos nunca podrán acreditar. El lenguaje elegido intenta suavizar el golpe. Se habla de legalidad, de orden, de gestión eficiente de recursos. Pero el contenido es otro. Es un discurso que señala, que separa y que convierte problemas complejos en soluciones simples basadas en la exclusión. Y ese tipo de soluciones, además de injustas, suelen ser profundamente ineficaces. Mientras tanto, Vox sigue defendiendo esas mismas ideas sin filtros. Y ahí es donde se entiende el verdadero alcance de lo ocurrido. La diferencia entre ambos partidos ya no está en el fondo, sino en la forma. Uno lo dice sin rodeos, el otro lo envuelve en tecnicismos. Pero el resultado es el mismo: trasladar al centro del debate político planteamientos que hace unos años habrían sido considerados inaceptables. Este movimiento no es aislado. Forma parte de una tendencia más amplia en Europa donde sectores de la derecha han decidido competir con la ultraderecha adoptando parte de su discurso. El problema es que, en ese intento por no perder votos, acaban empujando el conjunto del sistema hacia posiciones cada vez más duras. Y así es como se relativiza lo que antes parecía evidente. Como en ese viejo chiste en el que alguien dice que se va lejos, a un lugar que suena extremo, para luego descubrir que ese lugar ya no está tan lejos. La diferencia es que aquí no hay humor. Lo que hay es un cambio real en las reglas del juego. El Congreso no es un espacio cualquiera. Es donde se define qué país se quiere construir. Y cuando en ese espacio se introducen criterios que discriminan por origen o condición social, lo que está en juego no es solo una ley concreta, sino la idea misma de igualdad.

Por eso lo ocurrido debería preocupar más allá de las siglas. Porque cuando la xenofobia, el racismo y el clasismo se disfrazan de política pública y se defienden desde partidos que han gobernado durante décadas, el problema deja de ser marginal. Pasa a ser estructural. Y revertir eso, cuando se consolida, no es nada fácil.

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