El invento de la ultraderecha no pasa el filtro de la legalidad europea
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de asestar un golpe definitivo al caballo de batalla de la ultraderecha europea. Exigir diez años de residencia para acceder a determinadas ayudas sociales constituye una discriminación indirecta contraria al derecho comunitario.
La sentencia —conocida el 7 de mayo de 2026— llega en el peor momento para los defensores de la llamada «prioridad nacional», el invento ideológico que Vox está tratando de imponer en España y que ya forma parte de sus pactos de gobierno con el PP en Extremadura y Aragón.
Enfrentar a los pobres contra los más pobres
La estrategia es vieja pero eficaz, al menos electoralmente: enfrentar a las clases populares entre sí. La idea de que «los nuestros primero» suena bien en un eslogan, pero su aplicación práctica consiste en negar ayudas a quien más las necesita por el simple hecho de no haber nacido en el lugar correcto.
La derecha radical europea lleva años alimentando esta narrativa, desde Vox en España hasta el Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen o los partidos que gobiernan en Italia con Giorgia Meloni. En Italia, precisamente, se originó el caso que ha llevado al TJUE a dictaminar contra esta práctica: un refugiado con protección subsidiaria al que le retiraron una ayuda de inserción social por no cumplir el requisito de diez años de residencia.
El tribunal ha sido tajante: aunque el requisito se aplique formalmente a todos, en la práctica afecta «principalmente a los no nacionales». Y el argumento de la «carga económica» no cuela: conceder ayudas cuesta lo mismo para un nacional que para un extranjero .
Racismo de saldo: el pobre extranjero es el enemigo
El análisis de fondo revela la verdadera naturaleza del discurso de Vox. No es una defensa de los intereses nacionales, sino un racismo selectivo que mide al migrante según su cuenta bancaria.
Mientras sus dirigentes señalan con el dedo en vídeos virales los negocios de inmigrantes marroquíes, pakistaníes o latinoamericanos —con cuentakilómetros de dos colores, bandera española frente a banderas extranjeras—, nadie en Vox denuncia los McDonald’s, Burger King o grandes corporaciones extranjeras que operan en España. Tampoco protestan cuando la patronal de la construcción pide a gritos 700.000 trabajadores inmigrantes para mantener el negocio.
¿Qué explica esta contradicción? Muy sencillo: el discurso antimigratorio de Vox es un parapeto ideológico al servicio de los grandes empresarios. Mientras demonizan al migrante que compite por el salario mínimo, protegen los intereses de las multinacionales que externalizan y precarizan el mercado laboral. El pobre extranjero es el chivo expiatorio perfecto para desviar la atención de los verdaderos causantes de la desigualdad.
Las clases populares no pican el anzuelo
La sentencia del TJUE supone un freno legal, pero también una oportunidad para desmontar el armazón ideológico de la ultraderecha. El Derecho comunitario es claro: los beneficiarios de protección internacional tienen derecho a la igualdad de trato en el acceso a prestaciones sociales básicas.
El Partido Verde europeo ya ha alertado a la Comisión Europea sobre los pactos de PP y Vox en Aragón, que podrían vulnerar estos principios fundamentales. La Comisión tendrá ahora que examinar si España está incumpliendo sus obligaciones comunitarias.
Frente a la contabilidad de «cuántos pakis hay en mi barrio» que promueve Vox, la respuesta debe ser la memoria histórica y la solidaridad de clase. Porque los problemas de los barrios obreros —vivienda digna, sanidad pública, educación de calidad, trabajo estable— no los causa el vecino que llegó de fuera, sino el modelo económico que enfrenta a los últimos contra los penúltimos mientras los primeros aplauden desde sus atalayas. La justicia europea acaba de dar una lección: los derechos no entienden de fronteras.
