Por B. Rojas
En Aragón, como en tantos otros territorios, la política institucional se ha convertido en un ejercicio obsceno de propaganda. En plena campaña, permanente entre los sectores derechistas, los discursos oficiales rebosan triunfalismo: crecimiento económico “imparable”, inversiones millonarias, obras por doquier, infraestructuras, turismo, eventos y una ciudad convertida en escaparate.
El cemento y la foto sustituyen a la política social, mientras Aragón se consolida como tierra saqueada por Azcón-Quirón y por las grandes empresas tecnológicas y energéticas que extraen beneficios a costa del territorio y de la vida de su gente. Mientras tanto, la realidad material de la mayoría se degrada. Bajo la alfombra del marketing institucional se esconden la precariedad laboral, los salarios de miseria y la marginación social. Las personas sin techo, visibles en cada calle y en cada plaza, no existen para quienes gobiernan. No aparecen en ruedas de prensa, ni en balances de gestión, ni en campañas publicitarias. Para ellas no hay presupuestos, ni planes, ni futuro. Solo frío, abandono y silencio. Tampoco existen los animales, salvo cuando sirven para ser explotados, maltratados o asesinados en nombre de tradiciones caducas, convenientemente regadas con dinero público. Este saqueo de las arcas para financiar el maltrato se oculta con pudor, mientras se recortan recursos destinados a necesidades básicas. La barbarie también se subvenciona.
Se presume de cuentas saneadas y de éxito económico, pero ese dinero no se traduce en derechos. Se destina a obras vistosas y a inflar el negocio turístico, un modelo que enriquece a unos pocos mientras genera empleo precario, explotación laboral y encarece la vivienda hasta hacerla inaccesible para la clase trabajadora. El turismo expulsa a vecinos, vacía barrios y condena a la juventud a marcharse. Los mayores sobreviven con pensiones indignas tras una vida de trabajo.
Las causas de esta desigualdad no son abstractas: responden a un modelo político y económico concreto que prioriza el beneficio privado sobre el bienestar colectivo. Falta vivienda pública, los salarios se precarizan, las ayudas sociales se convierten en mecanismos humillantes y los servicios públicos se debilitan deliberadamente. La sanidad pública se asfixia con listas de espera interminables y plantillas insuficientes. La educación pública y la universidad se abandonan mientras se abre la puerta al negocio privado. Los mayores y las personas dependientes quedan relegados a la espera eterna o al cuidado familiar forzado. Este es el verdadero balance de quienes dicen gobernar para todos: un Aragón convertido en escaparate para inversores, tecnológicas y energéticas, pero inhóspito para quienes lo habitan. No hay proyecto social, solo propaganda.
No hay derechos, solo negocio. No hay futuro, solo cemento y titulares. Y lo más grave: una parte de la juventud, precarizada y desinformada, acaba apoyando a quienes la condenan al paro, a la emigración y a la ausencia de expectativas. La extrema derecha y sus cómplices no crecen por casualidad, sino gracias al vacío social, al abandono institucional y a la renuncia consciente a garantizar una vida digna. Aragón no necesita más eventos ni más macroproyectos al servicio de intereses privados. Necesita vivienda, empleo digno, sanidad y educación públicas, protección real para los más vulnerables, respeto por los animales y políticas que pongan la vida en el centro, no el beneficio de Azcón-Quirón y de las grandes corporaciones que hoy tratan el territorio como un botín.
