La tarde del miércoles, un centenar de personas convocadas por el Sindicato de Inquilinas impidió que una empresa de desokupación echara a una inquilina y a su hijo de su vivienda en el distrito madrileño de Usera, a pesar de un operativo policial que incluyó por primera vez caballería en un desahucio en la capital.
La vivienda, según los testimonios recogidos por los vecinos, pertenece a un fondo buitre y la familia se encuentra al corriente de pago y con contrato de alquiler en vigor. El intento de desalojo carecía de la preceptiva orden judicial, razón por la cual los operarios de «Brigada Desokupa» abandonaron el lugar ante la presión vecinal.
Un dispositivo policial sin precedentes
Lo que más sorprendió a los presentes fue la magnitud del despliegue policial. Fuentes vecinales aseguraron que el operativo contó con unidades de caballería —cuatro caballos según los testimonios—, un hecho que los residentes calificaron como «nunca visto» en un desahucio en Madrid. Según relataron, los agentes azuzaron a los caballos contra las personas concentradas, mientras la Policía se limitaba a proteger al grupo de desokupación.
La presencia de la empresa «paramilitar» sin autorización judicial constituye, según el Sindicato de Inquilinas, una práctica de presión ilegal que se repite en los distritos del sur de la capital. La intervención vecinal logró que el miembro de la empresa abandonara la zona sin consumar el desalojo.
Usera, epicentro de la tensión por la vivienda
Este episodio no es aislado. Usera se ha convertido en uno de los distritos con mayor conflictividad por la vivienda en Madrid. Según datos del Consejo General del Poder Judicial citados por despachos especializados, Madrid capital registró más de 8.400 procedimientos de desahucio en 2024, con Usera entre los distritos más afectados . El barrio combina una alta densidad de vivienda en alquiler —más del 40% del parque residencial— con rentas medias bajas, lo que lo convierte en un territorio propicio para la especulación de fondos de inversión.
De hecho, la prensa internacional se ha hecho eco de casos similares en la zona. La agencia Bloomberg recogió el testimonio de una propietaria de Usera que denunció visitas reiteradas de un hombre que le exigía abandonar su casa bajo amenazas, en un modus operandi atribuido a empresas de desokupación. Ese tipo de presiones, ejercidas al margen de la vía judicial, son precisamente las que el Sindicato de Inquilinas y los colectivos vecinales llevan meses denunciando.
La respuesta vecinal como dique de contención
La movilización del miércoles se enmarca en una creciente ola de resistencia organizada en los barrios del sur de Madrid. El Sindicato de Inquilinas ha impulsado en los últimos meses diversas acciones para frenar lo que considera desalojos ilegales, y ha reivindicado la «fuerza sindical» como herramienta para conseguir avances en materia de vivienda .
Los vecinos de Usera insisten en que la familia afectada cumple con sus obligaciones contractuales y que el fondo propietario busca vaciar el inmueble para venderlo a un precio superior, aprovechando la revalorización de la zona por proyectos municipales como el Chinatown madrileño. La empresa de desokupación, por su parte, se retiró sin la orden judicial que, según los concentrados, nunca existió.
La tarde terminó sin desalojo. Pero la tensión permanece en un distrito donde el precio de la vivienda no deja de subir y donde cada vez más vecinos consideran que la única barrera efectiva contra los desalojos extrajudiciales es la presencia física en la puerta.
