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Madrid, a la cabeza de la segregación escolar por renta mientras la huelga educativa entra en su tercera semana

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Artículo elaborado a partir de la información publicada por EL PAÍS (Laura Navarro y David Expósito, 27 de octubre de 2026).

La huelga indefinida de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid cumple su tercera semana sin que se haya abierto una negociación entre el comité de huelga y la Consejería de Educación. Miles de los aproximadamente 65.000 docentes madrileños —según datos de 2024 del Ministerio de Educación— secundan un paro que se mantiene con servicios mínimos y que afecta de forma desigual a los centros. Las reivindicaciones del profesorado se articulan en torno a seis ejes: reducción de la carga lectiva, menos alumnos por aula, salarios adaptados al coste de vida, eliminación de la segregación escolar, reducción de la burocracia y mejora de las infraestructuras.

En materia de horarios, Madrid se sitúa entre las comunidades con mayor carga lectiva en Infantil y Primaria, con 25 horas semanales, el máximo del país junto a Asturias y Baleares. En Secundaria, FP y Régimen Especial alcanza las 19 horas, en la media nacional. El comité de huelga reclama 22 horas en Infantil y Primaria y 17 en Secundaria, frente a las 20 que exige UGT para el conjunto del sistema. España supera en horas de docencia directa la media de la Unión Europea.

Respecto a las ratios, la Comunidad firmó en 2025 un acuerdo para reducir el máximo de 25 a 20 alumnos en el segundo ciclo de Infantil y Primaria y de 30 a 25 en Secundaria. Sin embargo, sindicatos como CC OO y una veintena de profesores consultados denuncian que la medida aún no se cumple. El País Vasco, con topes de 23 en Primaria y 27 en Bachillerato, aparece como referencia. La plataforma de huelga pide 15 alumnos en Primaria y 20 en Secundaria.

El apartado salarial es especialmente sensible. Un maestro de Infantil y Primaria sin sexenios en Madrid cobra 35.379 euros brutos anuales, por debajo de doce comunidades y un 14% menos que en el País Vasco (40.256 euros). Con tres sexenios, la cifra asciende a 48.221 euros, la quinta más alta. En Secundaria, un profesor sin sexenios percibe 39.745 euros. No obstante, el coste de vida en Madrid es un 20% superior al resto de ciudades españolas: el gasto medio por persona alcanza los 16.124 euros anuales frente a los 14.066 de media nacional. Ajustado a ese sobrecoste, el salario real de un docente madrileño se reduce considerablemente. Los huelguistas reclaman una subida de 600 euros mensuales, equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad para Educación Especial.

La segregación escolar constituye otro de los frentes centrales. Según un informe de EsadeEcPol y Save the Children a partir de los microdatos de PISA 2022, la Comunidad de Madrid es la que más segrega por renta de España, aunque ha reducido su índice respecto a 2018. En primaria, la segregación socioeconómica española es de las más altas de la OCDE, solo por detrás de Lituania y Turquía. Cataluña lidera, en cambio, la segregación por origen migrante, seguida del País Vasco y Madrid. Docentes como Irene C., del grupo Segregación Escolar, denuncian que en centros como el suyo se concentran en una misma aula alumnos con retraso curricular, repeticiones, incorporaciones tardías sin conocimiento del castellano y trastornos de hiperactividad, lo que hace imposible atender sus necesidades.

La burocracia consume buena parte del tiempo docente. Según UGT, los profesores de Secundaria de la UE dedican solo el 47% de su jornada a impartir clase; el resto se reparte entre planificación, corrección, tutorías y trabajo administrativo. Marta Torres, maestra de Primaria en el CEIPSO José Echegaray, relata jornadas que se prolongan dos horas más allá del horario oficial y fines de semana dedicados a programar. La plataforma exige al menos un administrativo a tiempo completo por centro.

Por último, las infraestructuras. El calor extremo ha provocado clases por encima de los 40 grados, mareos y golpes de calor. En mayo de 2026 la Comunidad anunció una inversión de 18 millones para intervenir en 106 centros, poco más del 5% de los más de 1.900 de titularidad pública. La FAPA Francisco Giner de los Ríos califica la cifra de insuficiente y recuerda que municipios como Rivas destinan 14 millones a solo 16 centros. El último colegio público nuevo de la región abrió en 2021.

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