Protección animal: críticas a la «inacción» del Gobierno y temor a un reglamento que cede ante el lobby de cazadores

La Dirección General de Derechos de los Animales, que fue «la joya de la corona» del Ministerio de Derechos Sociales, afronta acusaciones de parálisis mientras los colectivos denuncian que el nuevo borrador del reglamento de la ley 7/2023 acepta «todas las reclamaciones de los cazadores»

Lo que hace tres años fue una de las áreas más activas del Ministerio de Derechos Sociales, bajo el mandato de Podemos, se ha convertido en un departamento «prácticamente inexistente» en la actualidad, según denuncian colectivos de defensa animal. La Dirección General de Derechos de los Animales, que lideró el activista Sergio García Torres durante la etapa de Ione Belarra al frente del ministerio, ha pasado a un segundo plano con Pablo Bustinduy como ministro y José Ramón Becerra como director general, más centrado —critican— en «intentar que su perfil siga siendo candidatable para alguna lista electoral que por realizar el trabajo para el que le encomendaron».

El contraste entre ambas etapas no podría ser más acusado. La anterior dirección general logró sacar adelante tres normas legislativas fundamentales en un tiempo récord: la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, la modificación del Código Penal y la reforma del Código Civil que, por primera vez en la historia jurídica española, reconocieron a los animales como «seres dotados de sensibilidad». Hasta entonces, el derecho civil los consideraba casi como objetos.

Sin embargo, desde el adelanto electoral del 23J y el cambio de gobierno, el nuevo equipo no ha puesto en marcha, en los casi tres años de mandato, el reglamento que debe desarrollar la Ley 7/2023. Una parálisis que contrasta con la intensidad legislativa de la etapa anterior, que tuvo que enfrentarse además a la oposición de «lobbies poderosos, como el lobby de los cazadores, controlando el voto del PSOE y del PP», según explican las fuentes consultadas.

«No hacer ruido» frente a la presión del sector cinegético

La intención de la nueva dirección, siempre según las críticas de los colectivos animalistas, ha sido la de «no hacer ruido», algo que la anterior dirección general no consiguió —ni pretendió— precisamente porque sacar adelante tres leyes en un contexto de fuerte oposición era una tarea compleja.

El resultado de esa estrategia de perfil bajo está ahora sobre la mesa: el borrador de real decreto del reglamento de la ley habría aceptado, según denuncian los colectivos, «todas las reclamaciones de los cazadores y los lobbies de ultraderecha para no molestar». Una cesión que ha generado una gran oposición entre las organizaciones de defensa de los derechos de los animales, que ven cómo el desarrollo normativo de la ley puede vaciar de contenido los avances conseguidos.

La preocupación no es baladí. La ley 7/2023 estableció un marco de protección sin precedentes, pero su desarrollo reglamentario es clave para aspectos como la formación obligatoria para tener perro, la identificación, la tenencia de animales en núcleos zoológicos o las condiciones de cría y venta. Si el reglamento incorpora las demandas del sector cinegético, podría abrir consolidar excepciones que dejen fuera de la ley a los perros de caza o a determinadas prácticas, algo que un reglamento con vocación de protección animal podría revertir.

La ofensiva del lobby de caza

Precisamente, una de las batallas más intensas de los últimos meses se ha librado en torno al Ministerio de Agricultura, donde el lobby cinegético ha presionado con fuerza. Más de 20.000 personas han presentado alegaciones contra un borrador de real decreto de «núcleos zoológicos tradicionales» que pretendía incluir a los perros de caza bajo regulación ganadera, lo que los colectivos consideran «un retroceso histórico» .

El sector cinegético, que movilizó a más de 800.000 personas en 2022 contra la Ley de Bienestar Animal, ha demostrado su capacidad de presión. La Real Federación Española de Caza ha anunciado que combatirá «frontalmente» cualquier iniciativa que limite la actividad.

Mientras tanto, la Dirección General de Derechos de los Animales permanece en silencio. Las críticas a la inacción han llevado a los colectivos a organizar protestas masivas para evitar que la nueva reglamentación suponga una pérdida de los derechos ya conquistados para los animales. El temor es que, bajo la aparente calma de la nueva dirección, se esté gestando un reglamento a medida de los intereses cinegéticos que termine por desactivar el espíritu de la ley 7/2023.