La vivienda se ha convertido en el epicentro del adelanto electoral, y los principales partidos despliegan programas radicalmente opuestos. Mientras Vox criminaliza a los inmigrantes y el PP apuesta por la construcción masiva, el PSOE defiende una regulación tibia y la izquierda exige intervención directa del mercado.
Vox sitúa la «prioridad nacional» y la «remigración» de inmigrantes ilegales como eje de su política de vivienda, argumentando que la inmigración masiva colapsa el mercado y los servicios públicos. Su receta liberal incluye eliminar impuestos para la primera vivienda, liberalizar suelo y reducir burocracia para los jóvenes. Sin embargo, la constitucionalidad de priorizar el acceso a la vivienda a españoles es más que dudosa, al chocar frontalmente con el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución.
El PP de Feijóo promete construir un millón de viviendas y una «nueva generación de propietarios» mediante avales y deducciones fiscales para jóvenes, además de tres leyes exprés en cien días (suelo, antiokupación y propiedad horizontal). Es la vieja fórmula del ladrillo: estimular la oferta confiando en que la masiva construcción residencial contenga los precios, un mecanismo que históricamente ha beneficiado a los promotores sin garantizar por sí solo una bajada sostenida del precio final.
El PSOE se mueve en un terreno ambiguo. Sánchez promete que la política de vivienda «no tenga fecha de caducidad» y proteger a pequeños propietarios e inquilinos, pero sus medidas se limitan a prorrogar alquileres, congelar actualizaciones y ofrecer préstamos de 50.000 euros para la compra. No hay una carga fiscal relevante sobre los grandes tenedores ni una intervención decidida en el mercado del alquiler, lo que deja intacto el poder de los fondos buitre y los grandes propietarios.
En la izquierda, las propuestas son las únicas que atacan la raíz del problema. Podemos plantea bajar los alquileres un 40%, prohibir la compra de vivienda para especular y expropiar a los fondos buitre para destinarlas a alquiler social. El Frente Amplio exige la expropiación de viviendas en casos de desahucio de vulnerables y una prórroga reforzada de alquileres. ERC propone gravar los pisos vacíos y topes a los alquileres. Frente a la timidez socialista, estas son las únicas medidas que alterarían realmente la correlación de fuerzas entre inquilinos y rentistas.
La vivienda ha desencadenado el adelanto electoral. Vox y PP ofrecen soluciones que no tocan el stock existente ni a los grandes tenedores; el PSOE, parches sin confrontación con el capital inmobiliario. Solo la izquierda plantea medidas que podrían garantizar el acceso a la vivienda como derecho, no como negocio.
