El Pleno del Congreso de los Diputados debate y vota este jueves la proposición de ley que abre una vía excepcional de acceso a la nacionalidad española para los saharauis nacidos bajo administración española antes del 29 de septiembre de 1977, una iniciativa que podría beneficiar a unas 80.000 personas y que llega al hemiciclo en un momento de máxima tensión con Marruecos.
La norma, impulsada por Sumar, establece que concurren «circunstancias excepcionales» para conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a quienes nacieron en el Sáhara Occidental cuando el territorio estaba bajo soberanía española, aunque no residan legalmente en España. Los descendientes en primer grado dispondrán de cinco años para optar también a la nacionalidad, y el texto modifica el Código Civil para reducir a dos años el plazo de residencia exigido a los saharauis.
El PSOE, que inicialmente votó en contra de la tramitación parlamentaria en febrero de 2025, ha garantizado finalmente su voto favorable. Su portavoz, Patxi López, ha defendido que la concesión de la nacionalidad supone una «reparación histórica» y ha subrayado que «este grupo y el Gobierno hacen la política autónomamente». El PP, por su parte, apunta a repetir la abstención, mientras Vox votará en contra cuestionando las garantías del procedimiento.
La votación se produce en un contexto especialmente sensible. A finales de julio, más de 70.000 personas entraron de forma irregular en Ceuta, una crisis migratoria que la mayoría de los partidos, salvo el PSOE, atribuyen a una acción deliberada de Marruecos. Rabat, que reivindica como propio todo el territorio del Sáhara Occidental, se ha mostrado contrario a la tramitación de esta norma.
La sombra de la guerra híbrida
Y es precisamente este contexto el que invita a preguntarse si la votación de hoy no es una de las razones que explican el ataque híbrido que España ha sufrido en las últimas semanas. Diversos analistas han señalado que Marruecos podría haber actuado «al menos por omisión» en operaciones de desestabilización que buscan condicionar la política exterior española.
La coincidencia temporal es difícil de ignorar: la ley saharaui llega al Pleno apenas unos días después de que Marruecos movilizara en Ginebra a un «grupo de 40 estados» para reafirmar su soberanía sobre el Sáhara Occidental y respaldar su plan de autonomía como «solución realista» al conflicto. Esta ofensiva diplomática, coordinada desde Rabat, busca precisamente contrarrestar iniciativas como la que hoy se vota en Madrid.
El delegado del Frente Polisario en Catalunya, Mohamed Salem Laabeid, publicaba esta misma semana un durísimo artículo en el que define Marruecos como un «régimen dictatorial y feudal» y se pregunta «por qué España ofrece un apoyo tan ciego a un régimen de esta naturaleza». La pregunta adquiere hoy una relevancia especial: la ley que se vota no solo repara derechos individuales de los saharauis, sino que supone un gesto político de calado frente a las pretensiones anexionistas de Rabat.
Desde Sumar, la diputada Tesh Sidi ha advertido de que modificar ahora la posición del PSOE supondría «cavar su propia tumba», al trasladar la imagen de que «la soberanía del Parlamento queda condicionada por una injerencia extranjera». Es decir: ceder a las presiones marroquíes tendría un coste democrático incalculable.
La votación de hoy, por tanto, no es solo una cuestión de nacionalidad. Es un test sobre la capacidad de España para decidir su política exterior sin injerencias externas, y sobre si el Congreso está dispuesto a cerrar una herida abierta desde 1975, cuando España abandonó el Sáhara sin completar su descolonización. Una ley de nacionalidad puede reparar derechos individuales y reconocer responsabilidades históricas; no puede cerrar una descolonización ni reemplazar el derecho colectivo a la autodeterminación.
