La Comunidad de Madrid acumula más de 19.000 mujeres en lista de espera para realizarse una mamografía, de las cuales más de 9.000 no tienen siquiera una fecha asignada para la prueba. La cifra, revelada por la memoria del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) correspondiente a 2025, supone un incremento del 1.252% en apenas dos años: en 2023 eran 671 las mujeres sin cita; hoy superan las 9.000.
El cáncer de mama es el tumor más frecuente entre las mujeres madrileñas, representando el 29,6% de los casos oncológicos en la región. En este contexto, el retraso en el acceso a una mamografía no es una simple molestia administrativa: es un factor de riesgo directo. Cuanto más tarde se detecta un tumor, menores son las opciones terapéuticas y peor es el pronóstico.
La diputada socialista Lorena Morales lo expresó con crudeza: «Es hablar de más de 9.000 mujeres con la espada de Damocles encima y pensando, en muchos de los casos, si ese bulto que se han podido detectar será maligno o no». Su compañera de parlamento, la portavoz de Más Madrid Manuela Bergerot, subrayó la angustia que supone «no saber si van a tener un diagnóstico maligno» mientras el posible tratamiento se retrasa.
Como ocurre en otros ámbitos sanitarios, la lista de espera funciona como un embudo que expulsa del sistema público a quienes pueden permitírselo. Las mujeres con recursos económicos contratan seguros privados o pagan directamente una mamografía para salir de dudas en cuestión de días. Las que no pueden, esperan.
«La que pueda se irá y se contratará un seguro privado», denunció Morales, señalando que esta dinámica parece responder a una estrategia deliberada del Ejecutivo autonómico. La ministra de Sanidad, Mónica García, fue más explícita: acusó a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de practicar una política «sistemática y programada para que la gente se saque un seguro privado» mientras engorda las cuentas de empresas como Quirónsalud, a la que la Comunidad ha destinado 5.600 millones en los últimos años.
El resultado de esta dinámica es una afectación desigual: quien mayoritariamente acabará con un tumor avanzado en un pecho serán mujeres sin capacidad económica para acceder a la prueba en la sanidad privada a tiempo. La prevención se convierte así en un privilegio de clase.
Fuentes de la Consejería de Sanidad rechazan las críticas asegurando que «no hay listas de espera para el cribado» y que la demora media para una prueba dentro del programa DEPRECAM es de 39 días. El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, defendió que los casos urgentes «se atienden en 72 horas» y que cuando hay sospecha de malignidad «en menos de 15 días se inicia el proceso de tratamiento».
Sanidad también alega que muchas de las 19.000 mujeres se encuentran en «listas estructurales» o no han acudido deliberadamente a la prueba. Sin embargo, los datos de incremento exponencial en las mujeres sin fecha contradicen la interpretación oficial: se ha pasado de 671 casos en 2023 a 9.073 en 2025, un crecimiento que difícilmente puede atribuirse a factores estructurales preexistentes.
La situación madrileña replica el modelo andaluz, donde el Defensor del Pueblo concluyó que 2.317 mujeres no recibieron a tiempo la comunicación de un resultado sospechoso debido a «demoras asistenciales» estructurales. Mónica García señaló que Ayuso «está siguiendo exactamente el mismo guión que Moreno Bonilla».
Mientras tanto, las mujeres de Madrid enfrentan una realidad incómoda: en la comunidad más rica de España, la detección precoz del cáncer de mama depende cada vez más de la capacidad económica de cada paciente.
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