Madrid afronta un nuevo inicio de curso consolidando dos datos que la sitúan en el extremo opuesto de la media nacional. Es, por un lado, la comunidad autónoma con menor porcentaje de estudiantes en la educación pública y, por otro, el territorio donde la vuelta al colegio resulta más gravosa para las familias. Lejos de ser una casualidad, esta realidad responde a un modelo político impulsado por el Partido Popular desde hace más de dos décadas, que ha priorizado el crecimiento de la red concertada y privada en detrimento de la escuela pública.
Los números son elocuentes. Según el informe ‘Indicadores comentados del sistema educativo español’, Madrid es, junto al País Vasco, la región con menos alumnos escolarizados en la pública, con apenas un 53,8 % del total, frente a comunidades como Extremadura o Castilla-La Mancha, que superan el 80 %. Al mismo tiempo, es la que cuenta con el mayor porcentaje de estudiantes en centros privados no concertados (16,1 %) y uno de los más altos en concertados (30,1 %). Esta estructura se traduce en un gasto medio para la vuelta al cole que este año alcanzará los 506 euros por hijo en Madrid, un 6 % por encima de la media española, según el Observatorio Cetelem. La OCU sitúa el desembolso total anual en la región en 3512 euros por alumno, a la cabeza del país y muy por delante de Cataluña (2994) o Andalucía (2007). Las diferencias son abismales según el tipo de centro: mientras el coste anual en un colegio público se estima en 1294 euros, en uno concertado asciende a 3450 euros, y en uno privado a 8761 euros.
Este escenario no es el fruto del azar, sino la consecuencia de un proyecto político con raíces en la etapa de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno regional, y continuado por sus sucesores. La apuesta ha sido por la «libertad de elección» como mantra para justificar una estrategia de expansión de la enseñanza concertada, a menudo vinculada a la iniciativa privada y a congregaciones religiosas. Un exconsejero del PP llegó a resumir esta lógica de forma explícita: «Donde hay más concertada, tenemos más votos». Como resultado, la inversión en educación pública se ha ido reduciendo progresivamente, y el peso de los conciertos educativos en el presupuesto público se ha duplicado en dos décadas, representando ya el 20 % del gasto total. La región invierte el porcentaje más bajo de su PIB en educación de toda España.
El problema, denuncian sindicatos y asociaciones de consumidores, es que la concertada no es sinónimo de gratuidad. El uniforme obligatorio, a menudo con acuerdos de exclusividad que inflan los precios; el material escolar; las clases extraescolares; o las cuotas «voluntarias» se convierten en filtros económicos que discriminan a las familias con menos recursos. Son sobrecostes que, aunque teóricamente voluntarios, se convierten en barreras de entrada, segregando al alumnado por su capacidad de pago y dejando la escuela pública como un espacio residual para las clases populares. Este modelo ha convertido a Madrid en una de las regiones con la educación más segregadora de Europa, según los informes PISA, donde la calidad educativa se mide por la cartera de las familias.
