Por B. Rojas
Ayer, 38 ciudades han salido a la calle para exigir algo tan sencillo como imprescindible: el cumplimiento de la Ley 7/2023 en los ayuntamientos en materia de CER y la defensa de los gatos urbanos, de sus cuidadoras, alimentadoras y gestoras. En Madrid hemos sido unas 2.000 personas. Y no es poco, especialmente cuando esta reivindicación sigue siendo tan deliberadamente ignorada. Hemos salido pacíficamente.
Somos gente educada. Hemos molestado lo mínimo imprescindible, porque, sencillamente, teníamos que ser vistos y escuchados. Y hemos sido firmes en algo que no debería ser necesario reivindicar: No pedimos una ley nueva. No pedimos un decreto. No pedimos una excepción. Pedimos que se cumpla una ley que ya existe. Una ley que deben cumplir todos y cada uno de los ayuntamientos de España. Una ley que nació rodeada de polémica, especialmente por lo que afecta a los perros, pero cuyo desarrollo en materia de gatos urbanos es, sencillamente, impecable. Ahí, D. Sergio García Torres cumplió con honores. Después de él… bueno, la verdad es que no hay altura. Nos gustaría creer que no tendremos que volver a salir a la calle. Nos gustaría. Pero si es necesario, volveremos. Porque ya está bien de ayuntamientos para los que para fiestas siempre hay dinero, siempre hay recursos y siempre hay voluntad, mientras que para cumplir una obligación legal parece que nunca hay nada. Y no. Primero la obligación. Después, la devoción. Los gatos urbanos no son un adorno de las ciudades. Sus cuidadoras no son voluntarias a las que se pueda utilizar cuando conviene y olvidar cuando dejan de ser útiles. La Ley 7/2023 existe. Y las leyes no se cumplen cuando apetece. Se cumplen.
