Más de una treintena de entidades vecinales, ecologistas, sindicales y profesionales han alzado la voz contra el proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), presentado por el gobierno regional tras más de 25 años de vigencia de la anterior normativa. Lo que en apariencia es un complejo texto técnico de 323 artículos se ha convertido en el epicentro de un conflicto social que, según sus detractores, pone en jaque el modelo territorial, la protección del patrimonio y la participación democrática en la Comunidad de Madrid.
Bajo el lema «Madrid contra la LIDER», la plataforma ciudadana recién constituida alerta de que la norma no es una mera actualización administrativa, sino un «asalto al territorio» disfrazado de modernización. Los colectivos critican que la ley, presentada como una herramienta para «agilizar y simplificar» trámites urbanísticos, es en realidad un caballo de Troya que abre la puerta a la especulación inmobiliaria sin freno. «No estamos ante una ley de ordenación, sino ante una carta blanca para el ladrillo», resumen los portavoces de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), una de las organizaciones impulsoras de la coordinadora.
El núcleo de la polémica reside en la flexibilización extrema del uso del suelo. La LIDER permitiría actuaciones urbanísticas en suelo rural no protegido y suavizaría las restricciones en el suelo rural protegido, lo que los críticos traducen como una lógica de «todo urbanizable». Este enfoque, advierten, podría arrasar espacios agrarios, naturales y paisajísticos de alto valor, degradando el frágil equilibrio ambiental de la región. «Madrid no es solo la M-30; es también su cinturón verde, sus huertas y sus dehesas. Esta ley las pone en la diana del cemento», denuncian desde Ecologistas en Acción.
Pero la preocupación no se limita al campo. En las ciudades, la norma ha despertado recelos por su impacto en la vivienda. Las entidades sociales aseguran que la LIDER no garantiza la promoción de vivienda protegida ni incorpora medidas contra la exclusión residencial, un problema que ya azota a miles de familias madrileñas. Por el contrario, consideran que consolida un modelo guiado por la especulación, donde el interés general queda subordinado al beneficio de los grandes inversores inmobiliarios.
Uno de los puntos más controvertidos es la creación de las Entidades Privadas Colaboradoras (ECU), que asumirían funciones de supervisión urbanística. Para la plataforma, esto supone una privatización encubierta del control público: «Es como si el lobo pagara al guardia de la granja. Los propios promotores podrían contratar a quienes fiscalicen sus proyectos. El conflicto de intereses es evidente», critican los sindicatos CCOO y UGT, que se han sumado al frente común.
El texto también ha sido señalado por su presunto recorte democrático. La coordinadora denuncia que la ley limita la capacidad de la ciudadanía para intervenir en los procesos urbanísticos y restringe el acceso a la Justicia para recurrir planes ilegales, un derecho reconocido desde la legislación de 1956. Este retroceso, sumado a un proceso de información pública calificado de «exiguo y apresurado», dibuja un escenario en el que las decisiones sobre el territorio quedarían en manos de unos pocos, al margen del control vecinal.
Ante esta amenaza, el movimiento ciudadano ha decidido pasar a la acción. El próximo 30 de junio, Madrid contra la LIDER celebrará una jornada de presentación en la que explicará los entresijos del anteproyecto y desplegará su hoja de ruta para frenar su aprobación. La campaña informativa se extenderá por barrios y municipios, con el objetivo de trasladar a la ciudadanía que lo que está en juego no es un tecnicismo legal, sino su derecho a decidir sobre el entorno en el que viven.
El respaldo a la iniciativa es amplio y diverso. Junto a la FRAVM, Ecologistas en Acción y la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, se han sumado ARBA, Amnistía Internacional Madrid, asociaciones culturales como El Sol y La Tricolor, plataformas vecinales y formaciones políticas como IU, Podemos y Más Madrid. Un frente plural que, más allá de siglas, reclama un debate sosegado y participativo sobre una ley que, advierten, «no es técnica, es política, y afecta directamente a nuestros derechos y a nuestras vidas».
El gobierno regional defiende la necesidad de la norma para dinamizar la economía y generar empleo, pero la contestación social crece. La pregunta que flota en el aire es si Madrid está dispuesta a pagar el precio de un crecimiento sin límites, o si, por el contrario, la ciudadanía logrará imponer un modelo más justo, sostenible y participativo. Por ahora, la batalla por el territorio acaba de empezar.
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