A escasas horas para el cierre del plazo de inscripción de coaliciones electorales, Podemos mantiene bloqueada la configuración de un espacio amplio de organizaciones progresistas en Cataluña y Madrid, sin haber comunicado públicamente las razones concretas de su negativa. La situación contrasta con comunidades autónomas como Canarias, donde todas las formaciones que comparten programas electorales —Podemos incluido— han alcanzado un acuerdo amplio para concurrir conjuntamente.
El denominado frente amplio ha trasladado a la formación morada una oferta concreta para las listas madrileñas: un puesto de salida que garantizaría a Irene Montero un acta de diputada. La propuesta, según fuentes de la negociación, no ha sido aceptada. A día de hoy no trascienden los motivos exactos del rechazo, pero los precedentes permiten trazar un patrón reconocible. La ruptura del grupo parlamentario de Sumar en esta legislatura, tras no revalidar Montero como ministra de Igualdad, y el abandono posterior del Gobierno de coalición apuntan en la misma dirección: la exigencia de un control total de los espacios y de un papel protagonista para su candidata.
Podemos parece situar el eje de toda la negociación en que Montero encabece la candidatura por Madrid, un planteamiento que, en la práctica, deja en un segundo plano el objetivo declarado de todas las organizaciones implicadas: evitar que un gobierno de derecha y extrema derecha alcance el poder. La paradoja es evidente. Las formaciones que se reclaman como dique de contención frente a la ultraderecha no logran ponerse de acuerdo entre ellas, mientras el electorado progresista observa con desconcierto cómo se reproduce, una vez más, el espectáculo de la fragmentación.
El caso canario demuestra que el acuerdo es posible cuando existe voluntad política. Allí, organizaciones con programas electorales coincidentes han sabido aparcar las diferencias y presentar una candidatura unitaria. No hay razones objetivas que expliquen por qué ese mismo ejercicio no puede replicarse en Madrid o Cataluña, salvo que la variable determinante no sea programática sino orgánica: quién controla la marca, quién decide las listas y quién ocupa los primeros puestos.
La formación morada se enzarza así en una disputa por el relato que le exima de responsabilidades en la imposibilidad de la unión de la izquierda. El vodevil, término teatral que designa una comedia ligera de enredos, describe con precisión la escena: puertas que se abren y se cierran, ofertas que se presentan y se rechazan, y un desenlace que se anuncia pero nunca llega. Mientras tanto, el reloj avanza inexorablemente hacia el plazo legal.
La pregunta que sobrevuela la negociación no es ya si Podemos aceptará la oferta, sino si su negativa responde a un cálculo de poder interno o a una estrategia electoral deliberada. En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo: una izquierda dividida que concurre por separado, diluyendo su representación parlamentaria y facilitando, objetivamente, el camino de quienes pretenden desmantelar las políticas progresistas.
Quedan horas para saber si la razón se impone al protagonismo. La ciudadanía, mientras tanto, asiste a un nuevo capítulo de un serial que ya conoce demasiado bien.
