PP y Vox agitan el fantasma del colapso para justificar recortes y privatización, pero la AIReF, Bruselas y los propios números de la Seguridad Social contradicen su relato catastrofista.
A mes y medio de las elecciones, el Partido Popular y Vox han vuelto a colocar el sistema público de pensiones en el centro de la diana. La portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, aseguró esta semana que el sistema «va a petar», mientras que el responsable económico de Vox, José María Figaredo, defendió directamente sustituir el modelo de reparto por uno de capitalización individual. Ninguno de los dos ha presentado una propuesta concreta, pero el mensaje es inequívoco: preparar el terreno para intervenir sobre las pensiones.
Los datos, sin embargo, no avalan el alarmismo. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha confirmado en dos ocasiones que el sistema cumple formalmente con la regla de gasto establecida. El gasto neto en pensiones se sitúa en el 13,0% del PIB de media para el periodo 2022-2050, por debajo del umbral del 13,3% fijado por la ley. Bruselas ha avalado la reforma de 2021, y la propia AIReF proyecta que, una vez superado el pico demográfico del baby boom, el sistema converge hacia una senda estable en torno al 13,8% del PIB hacia 2070.
El argumento demográfico que esgrimen PP y Vox ignora un dato clave: la ratio de cotizantes por pensionista ha alcanzado en 2026 su nivel más alto desde 2011, situándose en 2,51. Esto no niega el reto del envejecimiento, pero desmiente que el sistema esté al borde del abismo. La inmigración, precisamente el factor que Vox propone limitar, es uno de los elementos que los organismos económicos señalan como indispensables para sostener el sistema.
La alternativa que insinúan ambos partidos —avanzar hacia modelos mixtos con capitalización privada— tiene precedentes que deberían servir de advertencia. Los sistemas privatizados implantados en América Latina en las décadas de 1980 y 1990 han mostrado resultados desiguales y, en muchos casos, regresivos. La Organización Internacional del Trabajo ha documentado problemas como la caída de la cobertura, el incumplimiento en el pago de cotizaciones, altos costos administrativos y, sobre todo, la erosión de la solidaridad. En países como Chile, el modelo de capitalización individual ha generado pensiones insuficientes para amplias capas de la población, precisamente las de menores ingresos.
El sistema español de reparto ha reducido la pobreza entre los mayores del 40% en 1980 al 10% en 2023. Esa conquista social no se sostiene con fondos privados que trasladan todo el riesgo al individuo, sino con solidaridad intergeneracional.
La revalorización conforme al IPC, garantizada por ley desde 2021, ha supuesto que más de 10,4 millones de pensiones suban un 2,7% en 2026, con un incremento medio de 570 euros anuales para los jubilados. PP y Vox han votado sistemáticamente en contra de esta medida en el Congreso. Su silencio sobre las «medidas valientes» que proponen es elocuente: no se atreven a decir en voz alta que quieren congelar las pensiones, porque saben que sería electoralmente letal.
No hay colapso. Hay un sistema que enfrenta retos demográficos serios, pero cuya arquitectura pública y solidaria sigue siendo la más eficaz para garantizar que ningún mayor quede atrás. Lo que está en juego no es la viabilidad del sistema, sino el modelo de sociedad.
