La intervención en la Universidad Complutense expone el desorden del poder policial

Lo ocurrido ayer en la Universidad Complutense no puede despacharse con el eufemismo de «mantenimiento del orden». Múltiples vídeos grabados por los presentes muestran a la policía antidisturbios dispersando de forma unilateral a estudiantes y profesores que defendían la educación pública, sin que mediara provocación evidente. Cuando las porras caen sobre estudiantes que sostienen pancartas una protesta pacífica contra los recortes educativos queda convertida a la fuerza en un «disturbio» que exige represión.

El propio delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, admitió que las imágenes son «muy duras» y que la reacción policial «parece no ajustarse» al principio de proporcionalidad. Una violencia que ni la propia autoridad puede justificar ya habla por sí sola. La Universidad Complutense, por su parte, ha dejado claro que en ningún momento solicitó la entrada de la policía al campus. ¿Quién ordenó entonces que los antidisturbios entraran en la universidad? La respuesta solo puede apuntar a la Delegación del Gobierno de Madrid.

Sin embargo, no se trata de un episodio aislado de exceso policial. Debe analizarse en un contexto mucho más inquietante: cuando grupos de extrema derecha asediaron el campamento por la vivienda digna en la Puerta del Sol, cuando los neonazis de Torre Pacheco protagonizaron disturbios racistas, ¿dónde quedó entonces el «principio de proporcionalidad» de la policía? La tolerancia y la contención mostradas ante quienes enarbolan banderas franquistas y hacen saludos nazis contrastan de manera hiriente con las porras que ayer cayeron sobre los estudiantes.

La raíz de este doble rasero quizá esté profundamente arraigada en el seno de los propios cuerpos de seguridad. Ya hay agentes que han abandonado el cuerpo por no soportar la creciente presencia de ideas de extrema derecha en sus filas. Cuando la orientación política de quienes aplican la ley empieza a corroer su neutralidad profesional, las llamadas «investigaciones internas» no son más que un paño de pureza formalista. El ministro del Interior, Marlaska, no ha llevado a cabo hasta la fecha ninguna limpieza sistemática de la radicalización extremista dentro de la policía.

El suceso de ayer dejó finalmente cinco detenidos y varios heridos, entre ellos una joven con el brazo roto y otra con una herida abierta en la cabeza. Estas lesiones no son «accidentes», sino el resultado de una decisión política. Mientras el delegado del Gobierno pide «investigar», lo que necesitamos no es otro informe interno condenado a dormir en un cajón, sino una rendición de cuentas política de quienes dieron la orden y un abordaje real del problema sistémico dentro de los cuerpos policiales.