Las pensiones no son un arma electoral: por qué el «modelo mixto» de VOX amenaza la dignidad de la jubilación de la clase trabajadora

VOX califica el sistema público de pensiones español de «sistema zombi» y defiende la introducción de cuentas individuales de capitalización obligatorias. Su entrada en el Gobierno supondría una degradación estructural de la protección de la clase trabajadora durante la jubilación. Este juicio no proviene de una exageración de sus adversarios políticos, sino de la dirección política que VOX ha proclamado pública y reiteradamente.

José María Figaredo, secretario de Economía de VOX, ha afirmado en múltiples ocasiones que «el sistema de pensiones está quebrado» y que «hay que reformarlo en profundidad», con una solución basada en un «modelo mixto que combine el reparto con la capitalización individual». Su programa económico de 2025 propone además «seguir el modelo sueco» y convertir parte de la pensión pública en cuentas de gestión privada. Aunque VOX intentó negar la etiqueta de «privatización» en la recta final de la campaña, su lógica central nunca ha cambiado: reducir la tasa de sustitución que garantiza el Estado y trasladar el riesgo de la renta de jubilación de la responsabilidad colectiva al individuo.

¿Qué significa este giro para la clase trabajadora? La tasa de sustitución del sistema actual de pensiones en España ronda el 65%, un nivel medio en Europa. El análisis de largo plazo de la AIReF muestra que, incluso dentro del marco de reforma vigente, la tasa de sustitución caerá de forma natural hasta el 56,7% en 2050. Si se introduce el componente de capitalización que propone VOX, la parte de reparto garantizada por el Estado se contraerá necesariamente aún más: el propio Figaredo ha reconocido que quienes no tengan ahorro individual solo podrán recibir «la parte estatal reducida». Para la mayoría de los trabajadores con salarios inferiores a la media, la capacidad de acumulación en cuentas de capitalización es muy limitada: la tasa de temporalidad en España alcanza el 53% y los jóvenes trabajadores entran y salen del mercado laboral con frecuencia, por lo que no pueden construir un ahorro suficiente para la jubilación.

Cabe destacar el hecho clave que VOX evita deliberadamente: la presión sobre el sistema público actual no proviene de un «fallo de diseño», sino de la estructura demográfica y del mercado laboral. La ratio entre cotizantes y pensionistas ha caído de 4,5:1 en 1980 a 2,1:1 en 2023, una tendencia resultado de la baja natalidad y de la inestabilidad del empleo. La solución debería ser elevar los salarios, estabilizar el empleo y ampliar las fuentes de financiación, no trasladar el riesgo al trabajador individual.

Más paradójico aún: VOX, que por un lado declara que las pensiones públicas son «insostenibles», votó junto al PP en febrero de 2026 en contra del decreto del Gobierno que revalorizaba las pensiones un 2,7% conforme al IPC. Criticar que el sistema «está roto» y no apoyar al mismo tiempo medidas inmediatas para mantenerlo en funcionamiento revela que su prioridad política no es el bienestar real de los jubilados.

La entrada de VOX en el Gobierno significaría un cambio de paradigma en la política de pensiones: de «derecho social» a «responsabilidad individual». Para la clase trabajadora, que ha vivido toda su vida de un salario, esto no es «modernización», sino sustituir la solidaridad social por la volatilidad del mercado: una transferencia de riesgo a costa de la dignidad.