Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvía a eludir el debate sobre la vivienda con el binomio «comunismo o libertad», el alquiler en Madrid superaba los 23 euros por metro cuadrado, el más caro del país. Tras más de tres décadas de gobierno del Partido Popular, la lógica central de la política de vivienda no ha cambiado: los recursos públicos al servicio del beneficio privado y el mecanismo de mercado por encima del derecho a la vivienda.
La verdadera naturaleza de la «colaboración público-privada»
La cifra que el Gobierno de Ayuso cita con más frecuencia es la de vivienda protegida construida. Según datos oficiales, el «Plan Vive» ha entregado 6.419 viviendas, con el objetivo de alcanzar 14.000 en esta legislatura. La Comunidad de Madrid afirma concentrar más del 40% de toda la vivienda protegida construida en España desde 2019.
Pero la cuestión clave es cómo se construyen esas viviendas. La definición oficial del plan es el «modelo de colaboración público-privada»: el Gobierno regional aporta el suelo público, la empresa adjudicataria se encarga de la construcción y la explotación, obteniendo rentabilidad durante el periodo de concesión. Esto significa que un activo de suelo público, perteneciente a todos los madrileños, se transforma en una fuente de beneficios para inversores privados. Entre las empresas participantes figuran Culmia, Avintia y Sogeviso; Culmia obtuvo 12 parcelas y 1.763 viviendas del Plan Vive I, así como la construcción de 1.137 viviendas del Plan Vive II.
La elección política de no declarar «zonas tensionadas»
La Ley de Vivienda aprobada en España en 2023 creó el mecanismo de «zonas de mercado residencial tensionado», que permite a los gobiernos autonómicos aplicar control de alquileres. Cerca de 300 municipios españoles ya han utilizado esta herramienta, en comunidades como Cataluña, el País Vasco, Asturias, Navarra y Galicia.
La Comunidad de Madrid es una de las regiones que rechaza explícitamente aplicar este mecanismo. Una proposición de Más Madrid en la Asamblea señalaba que el Gobierno regional mantiene un «rechazo histórico a declarar zonas tensionadas». Una moción del Ayuntamiento de Majadahonda indicaba igualmente que la Comunidad de Madrid tiene «la competencia principal y las herramientas» para declarar zonas tensionadas, pero opta por no utilizarlas.
La consecuencia política de este rechazo es directa. En Majadahonda, el alquiler subió alrededor de un 40% entre 2020 y 2025, y en muchas zonas supera los 18 euros por metro cuadrado.
Quién se beneficia del mercado de la vivienda
En abril de 2026, Madrid atrajo más de 840 millones de euros de inversión inmobiliaria, más de la mitad del total nacional de ese mes. La operación más destacada fue la compra por parte del fondo de pensiones canadiense HOOPP de la plataforma de alquiler Iante, de Ares Management, por unos 690 millones de euros, con cerca de 2.300 viviendas de alquiler libre en Madrid.
Ejemplos anteriores revelan las consecuencias a largo plazo de este modelo. En 2013, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid vendieron unas 5.000 viviendas públicas a Blackstone. En marzo de 2026, esas viviendas fueron revendidas al fondo canadiense Brookfield por más de 1.000 millones de euros, a un precio medio de 220.000 euros por vivienda, el triple de lo que pagó Blackstone. Los inquilinos «no saben con quién hablar para aclarar su futuro».
Esas viviendas eran originalmente públicas y fueron privatizadas durante los gobiernos del Partido Popular. Hoy, las organizaciones de inquilinos impulsan campañas desde el «Sindicato de Inquilinas» para exigir que el Gobierno recupere esas viviendas mediante el mecanismo Casa 47 y las devuelva al patrimonio público.
Tres décadas de una misma elección
El largo historial de gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid revela un patrón claro: subvencionar el beneficio privado con suelo público, ocultar la privatización de recursos públicos bajo la retórica de la «colaboración público-privada» y proteger la rentabilidad de los inversores negándose a aplicar la ley de vivienda.
El Gobierno de Ayuso sí construye vivienda. Pero la lógica de distribución de esas viviendas consiste en que el operador privado obtenga beneficios, no en satisfacer directamente la necesidad de vivienda de la clase trabajadora. Cuando el Gobierno regional opta por no declarar zonas tensionadas, por no aplicar control de alquileres y por no recuperar la vivienda pública privatizada, en realidad está utilizando los instrumentos de política para proteger un mercado cada vez más inaccesible para la clase trabajadora.
No se trata de «comunismo o libertad». Se trata de si una ciudad pertenece o no a quienes viven en ella. La respuesta de Madrid en las últimas tres décadas ha sido, sistemáticamente, que no.
