Una investigación revela el peso patrimonial de la familia Urquijo en el mercado del alquiler madrileño
El patrimonio inmobiliario de la familia de Teresa Urquijo, esposa del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pasa desapercibido en el debate público. Sin embargo, una investigación del periodista Antonio Maestre ha sacado a la luz la estructura societaria a través de la cual la familia materna de Teresa Urquijo —los Fernández de Araoz— gestiona un relevante negocio rentista en la capital.
En el centro de esta trama se encuentra Inversiones Doalca Socimi, S.A., una sociedad anónima cotizada de inversión inmobiliaria cuyos principales accionistas son Dolores, Carmen y Alejandro Fernández de Araoz y Marañón, cada uno con un 32,89% del capital . La presidenta del consejo de administración es Victoria Urquijo Fernández de Araoz, familiar directa de la esposa del alcalde. Se trata de una estructura societaria que, bajo la etiqueta de SOCIMI (Sociedad Cotizada de Inversión en el Mercado Inmobiliario), opera con un régimen fiscal privilegiado gracias a la legislación que puso en marcha Luis de Guindos como ministro del Partido Popular y dio el pistoletazo de entrada a los fondos buitre en nuestro país en el mercado inmobiliario.
Los activos de Doalca en Madrid configuran una cartera notable. La sociedad declara un portfolio de 30.521 metros cuadrados en plena ocupación a mediados de 2024. Entre sus propiedades figuran edificios completos de oficinas y locales comerciales en direcciones como San Bernardo 123, Príncipe de Vergara 109, Magallanes 1 y 3, Velázquez 50 y Francisco Silvela 112 . Estos inmuebles, adquiridos en su mayoría el 31 de diciembre de 1998, generan rentas estables a través del arrendamiento a terceros.
La condición de SOCIMI de Doalca no es un detalle menor. Este vehículo jurídico permite a la sociedad beneficiarse de un tipo reducido en el Impuesto sobre Sociedades —del 0% en el caso de SOCIMI— siempre que destine la práctica totalidad de sus beneficios al reparto de dividendos entre los accionistas. En la práctica, esto significa que los rendimientos del alquiler de los nueve edificios madrileños fluyen hacia la familia Urquijo con una carga fiscal notablemente inferior a la que soportaría cualquier otro arrendador.
La relevancia de esta información adquiere una dimensión política evidente cuando se contrasta con la gestión municipal de Martínez-Almeida. El alcalde de Madrid ha mantenido una posición consistentemente favorable a los intereses de los grandes tenedores de vivienda y oficinas en la capital. Su política de vivienda ha priorizado la colaboración público-privada y ha evitado medidas que pudieran tensionar la rentabilidad del alquiler. Mientras tanto, la familia de su esposa opera, a través de Doalca, como uno de los actores relevantes en el mercado del arrendamiento de oficinas de la ciudad.
No existe ilegalidad alguna en la actividad de Doalca ni en la estructura societaria que la sustenta. La cuestión es de otra naturaleza: la coincidencia entre las decisiones políticas de Almeida y los intereses económicos de la familia de su mujer plantea una pregunta legítima sobre la existencia de conflictos de interés no declarados. El alcalde no tiene obligación legal de inhibirse en asuntos que afecten genéricamente al sector inmobiliario, pero la opacidad sobre el patrimonio de su entorno familiar impide cualquier escrutinio público riguroso y mientras tanto exige que se desaloje a los acampados de Sol que han puesto el foco en negocios como los de la familia de su pareja.
