La formación de Puigdemont exige retirar las normas, negociarlas de nuevo y someterlas a votación, mientras el Ejecutivo se queda sin apoyos para sacarlas adelante
Madrid, 2 de octubre de 2026. La política de vivienda del Gobierno ha sufrido un golpe definitivo. Junts per Catalunya ha decidido por unanimidad de su ejecutiva no votar a favor de ninguno de los dos decretos planteados por el Ejecutivo, lo que, sumado al rechazo anunciado de PP y Vox, condena las medidas a su tumba parlamentaria. La formación independentista no solo rechaza los textos, sino que exige que se retiren, se negocien de nuevo y se voten posteriormente, una maniobra que retrasa indefinidamente cualquier solución al problema del alquiler.
El partido de Carles Puigdemont justifica su negativa afirmando que los decretos «se quedan cortos» en sus medidas. Sin embargo, esta explicación resulta cuando menos confusa si se atiende a su tradición de defensa de los intereses de los grandes propietarios. Fuentes políticas señalan que, en realidad, los textos podrían ser demasiado proteccionistas para los inquilinos, un enfoque que choca frontalmente con la línea de una formación que históricamente ha priorizado a los rentistas.
Con esta decisión, Junts se alinea con PP y Vox para tumbar los decretos de mínimos que planteó el Gobierno. Las tres derechas —la catalana, la popular y la ultraderechista— responden así a lo que les define: la defensa de los poderosos. No es una sorpresa, pero sí una confirmación de que la mayoría parlamentaria actual está dispuesta a bloquear cualquier avance en materia de vivienda si este implica tocar los intereses de los grandes tenedores.
Lo que queda es un panorama desolador para la ciudadanía. Los votantes de estos partidos deben saber que las subidas de alquileres, la imposibilidad de acceder a un alquiler justo, los precios desorbitados y la posibilidad de que te echen de tu casa responden a votaciones como la de hoy. Estos tres partidos de la derecha se sitúan contra ti y a favor de los rentistas. Cada voto a favor de estas formaciones es un voto a favor de que los precios sigan subiendo y de que los desahucios continúen.
El Gobierno, por su parte, se queda sin margen de maniobra. Los decretos, que ya nacieron como medidas de mínimos, no han encontrado el respaldo necesario ni siquiera en sus socios habituales. La exigencia de Junts de retirar, negociar y votar de nuevo suena a excusa para no aprobar nada. Mientras tanto, los inquilinos siguen esperando una solución que nunca llega.
La conclusión es clara: la derecha, en sus tres versiones, ha decidido que los intereses de los propietarios están por encima de los derechos de los inquilinos. Y quienes les votan deberían preguntarse si realmente quieren seguir apoyando a quienes les condenan a un alquiler inalcanzable o a un desahucio anunciado.
