El nuevo sistema de copago farmacéutico reduce la carga sobre pensionistas y familias trabajadoras después de más de una década de un modelo profundamente injusto
Durante años, miles de personas en España hicieron algo tan absurdo como peligroso: dejar de tomar medicamentos porque no podían permitírselos. No hablamos de caprichos ni de productos estéticos. Hablamos de pastillas para el corazón, tratamientos crónicos, inhaladores, medicación para la diabetes o fármacos para problemas neurológicos. Cosas básicas para seguir viviendo con cierta dignidad. Y, sin embargo, desde 2012, el sistema de copago farmacéutico implantado por el PP convirtió algo tan esencial como acceder a la medicación en una carrera de obstáculos para millones de familias. Aquella reforma, aprobada en plena era Rajoy bajo el discurso eterno de la “responsabilidad fiscal”, introdujo un sistema profundamente desigual que castigaba especialmente a pensionistas, enfermos crónicos y trabajadores con salarios modestos. Se instaló la idea de que había que “racionalizar” el gasto sanitario, una expresión elegante para disfrazar lo de siempre: hacer pagar más a quien menos tiene mientras se seguían rescatando autopistas, bancos y grandes empresas. Ahora, el Gobierno ha aprobado una reforma del copago farmacéutico que intenta corregir parte de ese destrozo social acumulado durante más de una década. La medida, impulsada por los ministerios de Sanidad y Hacienda, introduce nuevos tramos vinculados a la renta y establece límites mensuales para muchas familias que hasta ahora podían llegar a situaciones absolutamente surrealistas: personas con tratamientos permanentes pagando decenas y decenas de euros al mes simplemente por no morirse. La ministra de Sanidad, Mónica García, lo resumió con bastante claridad al explicar que el objetivo es adaptar el sistema “a la realidad de muchas familias” que estaban siendo penalizadas por un modelo completamente desconectado de la vida real. Porque una cosa es diseñar tablas desde un despacho y otra muy distinta mirar cómo vive la gente cuando termina el mes. La reforma amplía los tramos de renta, que llevaban congelados desde 2012 como si el coste de la vida no hubiera explotado desde entonces.
Hasta ahora, el sistema era extremadamente tosco: menos de 18.000 euros, entre 18.000 y 100.000, y más de 100.000. Una barbaridad administrativa donde cobraba prácticamente igual quien ganaba 20.000 euros que quien ingresaba 90.000. Con el nuevo modelo se crean seis escalones distintos y, sobre todo, aparecen topes mensuales para muchas rentas medias y bajas que antes no existían. Ahí está probablemente el cambio más importante. Porque el problema no era solo cuánto porcentaje pagaba cada persona, sino el agujero acumulado que sufrían quienes necesitaban mucha medicación durante largos periodos. Una persona con ingresos inferiores a 9.000 euros tendrá ahora un límite mensual de poco más de ocho euros. Quienes ingresen menos de 18.000 euros tampoco podrán superar cantidades relativamente reducidas. Y los pensionistas, uno de los colectivos más castigados durante estos años, mantienen aportaciones bajas con límites mensuales claramente definidos. Puede parecer técnico, pero detrás de esos números hay algo muy concreto: gente que podrá seguir tratamientos completos sin tener que elegir entre medicamentos o llenar la nevera. Porque eso ocurrió. Muchísimo más de lo que algunos quieren reconocer. Durante años, asociaciones médicas, trabajadores sociales y farmacéuticos advirtieron de que había pacientes dejando tratamientos por motivos económicos. Personas mayores partiendo pastillas para que durasen más. Enfermos crónicos retrasando compras hasta cobrar la pensión. Familias haciendo cuentas absurdas delante del mostrador de una farmacia.
Y mientras tanto, la derecha seguía repitiendo el mantra de siempre: que no había dinero, que el sistema era insostenible y que “todos debían arrimar el hombro”. Curiosamente, ese esfuerzo casi siempre terminaba recayendo sobre trabajadores, pensionistas y servicios públicos. Nunca sobre las grandes fortunas ni sobre quienes convierten la sanidad privada en un negocio multimillonario. La reforma no soluciona todos los problemas. Ni mucho menos. De hecho, fuerzas como Sumar o Podemos consideran que el esfuerzo presupuestario sigue siendo insuficiente y recuerdan que el gasto público en vivienda o sanidad continúa muy por debajo de otras prioridades del Estado, incluido el gasto militar. Y tienen parte de razón.
España sigue arrastrando enormes desigualdades en acceso sanitario dependiendo del territorio, la renta o la edad. Pero sí hay algo políticamente importante en esta reforma: rompe parcialmente con aquella lógica cruel instalada durante los años más duros de la austeridad, cuando se intentó convencer a la población de que los derechos sociales eran privilegios caros y no pilares básicos de una democracia decente. Porque al final la pregunta es bastante sencilla. ¿Qué tipo de país quieres ser? Uno donde la gente pueda medicarse sin miedo a quedarse sin dinero o uno donde la salud dependa cada vez más de la cuenta bancaria. Durante demasiado tiempo, España caminó peligrosamente hacia lo segundo. Ahora, al menos, parece intentar dar algunos pasos en dirección contraria.
