El tribunal declara fija a una interina que aprobó un proceso selectivo sin lograr plaza, pero cierra la puerta a una fijeza automática generalizada y abre la vía de indemnizaciones para el resto de afectados
El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia clave que delimita el alcance de la lucha contra el abuso de la temporalidad en el empleo público, en aplicación del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 de abril.
Los magistrados han declarado fija a una interina que encadenó contratos temporales de forma fraudulenta y que había superado un proceso selectivo sin llegar a obtener plaza. Sin embargo, la sentencia deja claro que esta solución no es extensible a todos los temporales en fraude, sino únicamente a aquellos que acrediten haber aprobado una oposición o concurso-oposición.
Para el resto de los trabajadores públicos que hayan sufrido abuso de temporalidad —esto es, que encadenen contratos temporales sin cobertura legal—, el Supremo establece una indemnización por daños como vía de reparación, sin que proceda su conversión automática en personal fijo.
De este modo, el alto tribunal diferencia dos situaciones:
- Fijeza para los interinos y laborales temporales que superaron un proceso selectivo, pero no obtuvieron plaza por falta de vacantes.
- Indemnización económica para quienes hayan sufrido abuso de temporalidad sin haber aprobado nunca una oposición.
Además, la sentencia abre varias vías de sanción a la Administración Pública, que podrá ser condenada al pago de perjuicios y a adoptar medidas estructurales para prevenir nuevos abusos, bajo apercibimiento de sanciones periódicas.
El fallo supone un equilibrio entre la jurisprudencia europea —que exige poner fin al abuso de temporalidad— y la normativa española de función pública, basada en el mérito y la capacidad. No se reconoce, por tanto, una «fijeza generalizada», sino una solución gradual que premia a quienes han demostrado su valía en procesos selectivos.
La sentencia, que ya es firme en este caso concreto, sienta doctrina para miles de demandas pendientes en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
