Las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid han convocado una huelga para los días 4 y 5 de noviembre en protesta por lo que consideran una estrangulación financiera sin precedentes por parte del Gobierno regional. La medida, respaldada por las plataformas universitarias, busca visibilizar el deterioro de la educación superior pública y frenar lo que describen como un proceso de privatización encubierta.
El detonante principal es el plan de financiación firmado el pasado mes de marzo entre la administración autonómica y las universidades. Las plataformas universitarias califican este acuerdo de «estafa», argumentando que mantiene la inversión en apenas el 0,4% del PIB regional, muy lejos del 1% que exige la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Según los convocantes, esta insuficiencia presupuestaria cronifica los recortes, impide la contratación de personal docente e investigador, degrada las condiciones laborales y ahoga a unos centros que arrastran años de infrafinanciación.
Los sindicatos y colectivos estudiantiles señalan directamente al Partido Popular, que gobierna la región, y a la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas (CRUMA) como responsables de la situación. A su juicio, ambos han sido cómplices de una política que prioriza la entrada de capital privado en el sector educativo, favoreciendo a las universidades privadas y a los intereses empresariales mientras se desmantela la universidad pública. «No es solo falta de dinero, es una hoja de ruta para que la educación superior deje de ser un derecho y se convierta en un negocio», afirman desde las plataformas.
El malestar se extiende entre estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. Denuncian que la precariedad ha alcanzado niveles insostenibles: aulas masificadas, laboratorios obsoletos, becas insuficientes y una fuga constante de talento investigador hacia otras regiones o al extranjero. La huelga del 4 y 5 de noviembre incluirá piquetes informativos, asambleas y manifestaciones frente a las sedes de las consejerías de Educación y Hacienda.
Las universidades afectadas son la Complutense, la Autónoma, la Politécnica, la Carlos III, la de Alcalá y la Rey Juan Carlos. Los convocantes advierten de que si no hay una rectificación inmediata y un compromiso real de alcanzar el 1% del PIB en inversión, el conflicto podría intensificarse con nuevas movilizaciones. La comunidad universitaria madrileña se prepara así para dos jornadas de paro que prometen marcar un antes y un después en la defensa de la educación pública.
