Ganar Alcorcón ha reclamado al Gobierno de España que apruebe un decreto de urgencia que permita a los ayuntamientos comprar vivienda destinada a alquiler asequible e indefinido al margen de la regla de gasto y sin las restricciones burocráticas que, a su juicio, frenan la respuesta municipal ante la que consideran una “emergencia nacional” en materia de vivienda. La formación municipalista pide que esta excepción se aplique también a los trabajos de rehabilitación y acondicionamiento de los inmuebles adquiridos, siempre que se incorporen de manera permanente al parque público de vivienda.
“Hay que actuar ya, no dentro de cinco, diez o quince años. El Gobierno de España puede redactar un decreto que dé a los Ayuntamientos más capacidad para comprar vivienda de urgencia y destinarla al alquiler asequible con contratos indefinidos. Si lo aprueba un martes, podemos empezar a comprar viviendas el jueves. Con rapidez, sin restricciones y acabando con la burocracia. La vivienda es una emergencia nacional y el Gobierno de España tiene en su mano dar más poder a los Ayuntamientos para responder a ella”, ha declarado Miriam Benítez, portavoz de Ganar Alcorcón.
La propuesta municipalista llega al calor de la creciente demanda social de una respuesta contundente al problema de la vivienda. Ganar Alcorcón plantea que, junto al decreto Maricarmen, se apruebe otro de urgencia que libere a los consistorios de las restricciones presupuestarias derivadas de la ley Montoro y de las exigencias burocráticas que, aunque razonables en otros supuestos, no se ajustan al ritmo con el que una administración pública debería responder ante un asunto central para la convivencia en las ciudades y los proyectos de vida de los vecinos.
Los municipalistas defienden la viabilidad de la medida destacando su carácter excepcional y condicionado: se trataría de viviendas que pasarían a formar parte del parque público de manera permanente y que se destinarían en exclusiva a alquileres asequibles e indefinidos. Esta fórmula, sostienen, contribuiría a poner en circulación viviendas vacías y a sacarlas del mercado especulativo, permitiendo a las familias de Alcorcón construir proyectos de vida estables gracias a la naturaleza indefinida de los contratos.
La formación vecinal también solicita que la excepción se extienda a los trabajos de rehabilitación y adecentamiento, con el objetivo de poder comprar viviendas antiguas y rehabilitarlas con celeridad para incorporarlas al parque público. Asimismo, piden libertad para renegociar a la baja los contratos de alquiler en caso de adquirir inmuebles con rentas abusivas o cuando existan causas sociales que justifiquen una reducción del precio en favor del inquilino.
Ganar Alcorcón parte de un precedente que ya está permitiendo movilizar recursos municipales para vivienda. El Real Decreto-ley 13/2026 abrió la puerta a que los ayuntamientos destinen superávit y remanente de tesorería a inversiones en vivienda sin que ese gasto compute en la regla de gasto, y Alcorcón ya ha aprovechado ese marco para anunciar una inversión de 10 millones de euros destinada a la compra de viviendas, entre otras actuaciones. Los municipalistas valoran este avance, pero plantean ir más allá.
“Nada más nos dejaron destinar el remanente de tesorería a la compra de vivienda, nos pusimos manos a la obra. Ahora pedimos una flexibilización total, siempre que sea condicionada a dar alquileres asequibles e indefinidos. Sólo le pedimos al Gobierno de España que nos deje hacer”, reflexionó David López, teniente de alcalde y concejal de Ganar Alcorcón.
En los últimos meses, la formación ha trasladado a otras administraciones distintas propuestas en materia de vivienda. A la Comunidad de Madrid le ha reclamado la declaración de Alcorcón como zona de mercado residencial tensionado, la reforma del Plan Vive para reducir precios y garantizar calidades dignas, un mayor control sobre la reventa irregular de vivienda protegida y la compra y rehabilitación de vivienda existente. A nivel estatal, ha planteado reformar la Ley de Vivienda para que los municipios puedan limitar los alquileres cuando las comunidades autónomas no actúen y, más recientemente, prohibir la actuación de fondos de inversión que especulen con vivienda residencial e incorporar mediante expropiación sus inmuebles a un parque público de alquiler.
