Las cuotas «voluntarias» que expulsan a los niños de clase: la exclusión encubierta en la concertada de Madrid

La Comunidad de Madrid lidera las prácticas de discriminación por impago en colegios concertados. El 29% de los centros visitados aparta a alumnos cuyas familias no pueden afrontar cuotas que, aunque se llaman «voluntarias», son obligatorias de facto.

En la Comunidad de Madrid, ir a un colegio concertado puede costar hasta 5.700 euros al año por alumno. La cuota media asciende ya a 135,90 euros mensuales, y el 66% de los centros cobra más de 1.500 euros anuales solo en concepto de «cuota base». Son cifras que vulneran el principio de gratuidad de la enseñanza obligatoria, pero el problema no termina ahí. El verdadero escándalo es lo que ocurre cuando una familia no puede pagar.

Según el último informe de CICAE, la Comunidad de Madrid es la región con mayor ratio de exclusión de España: en el 29% de los colegios visitados se detectaron situaciones de discriminación hacia alumnos cuyas familias no abonan las cuotas. A nivel nacional, esa cifra es del 11%. Madrid triplica la media.

Las prácticas son variadas y todas apuntan en la misma dirección: castigar al menor por la situación económica de sus padres. Los colegios advierten a las familias de que, si no pagan, «el niño tendría que salir a las 12», «entraría una hora más tarde», «se iría a un aula aparte» o «no podría asistir a las actividades complementarias necesarias para el desarrollo del proyecto educativo». En casos extremos, como el del colegio Juan Pablo II de Alcorcón, se llega a decir que el alumno «se tendría que quedar en casa».

Fernando, padre afectado, lo resume con claridad: «Si estamos pagando el servicio de comedor, el niño tiene esas horas en las que no puede ser discriminado, y menos en su clase. Si alguien quiere hacer una extraescolar, se hace fuera, en otro aula, pero no puede ser que te echen de tu clase porque no has pagado».

La respuesta del centro, según las familias, es siempre la misma: son actividades fuera del horario lectivo, por lo que deben pagarse. Pero la ley es tajante. El Tribunal Supremo confirmó en 2015 una multa de 186.518 euros a un colegio concertado de Almería por solicitar aportaciones «voluntarias» de 20 euros trimestrales. La sentencia calificó la práctica como «una forma unívoca de solicitar un aporte de dinero para impartir la educación» con un fin «loable, pero ilegítimo».

Mayra tiene tres hijos en un centro concertado, dos de ellos con TEA. Asegura que fue el Ministerio de Educación el que les indicó que, para recibir atención adecuada, debían ir a ese colegio. «Yo lo que creo es que lo que están buscando es que nos larguemos de ese colegio, porque no pagamos», afirma. «A ellos les interesan los papás que pagan y los niños que sacan buenas notas, y eso es una discriminación de los niños cuyos padres están en situación más vulnerable».

La propia asociación CICAE señala que el 50,5% de los concertados madrileños son de titularidad mercantil, y que precisamente las sociedades anónimas concentran los mayores casos de exclusión. El modelo, denuncian, «se está desvirtuando». Lo que en su origen era educación pública gestionada por entidades sin ánimo de lucro se ha convertido, en demasiados casos, en un negocio que selecciona a su alumnado por capacidad de pago.