La «tranquilidad» interesada de Ayuso: luz verde a los fondos buitre mientras los vecinos resisten los desahucios

Por Sergio T
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó este miércoles la feria inmobiliaria The District en IFEMA, donde pronunció una frase que resume su modelo de vivienda: «Hay que dejar invertir en vivienda en paz». Con estas palabras, la dirigente madrileña se posicionó abiertamente del lado de los grandes tenedores, los fondos de inversión y los especuladores, y envió un mensaje inequívoco a quienes llevan años denunciando la expulsión de vecinos de sus barrios: que se callen, que no molesten, que dejen hacer negocio.

Porque cuando Ayuso pide «paz» para invertir en vivienda, lo que está pidiendo en realidad es que se impida a los vecinos y vecinas protestar. Que no se organicen frente a los portales. Que no impidan los desahucios. Que no denuncien que los fondos buitre compran edificios enteros para duplicar rentas o directamente vaciarlos. Esa «paz» no es convivencia: es silencio impuesto a quien se resiste a ser expulsado de su casa.

El acceso a la vivienda se ha convertido en el mayor problema de la sociedad española y, cada vez más, de toda Europa. En Madrid, la comunidad que Ayuso gobierna, los precios del alquiler han escalado hasta niveles inasumibles para la mayoría de la población, mientras los salarios permanecen estancados. Los jóvenes no pueden emanciparse, las familias trabajadoras dedican más de la mitad de sus ingresos a pagar el techo, y las personas mayores con rentas antiguas reciben cartas de desahucio de fondos que compraron sus edificios para especular.

En ese contexto, la presidenta madrileña no solo no interviene: presume de no hacerlo. Frente a las políticas de control de precios o de protección de los inquilinos, Ayuso ofrece desregulación, incentivos fiscales a los propietarios y confianza ciega en el mercado. Un mercado que, en la práctica, funciona como una máquina de expulsión.

La fotografía de esta semana es nítida. En la feria inmobiliaria, aplausos, corbatas y promesas de rentabilidad. En las calles de Madrid, concentraciones vecinales, plataformas antidesahucios, sindicatos de inquilinos y familias que se turnan para impedir que la policía derribe la puerta de una vecina de 87 años. La Comunidad de Madrid ya ha elegido bando. Lo ha hecho con discursos, con presupuestos y con normas que favorecen a los grandes tenedores y castigan a quienes solo quieren vivir donde siempre han vivido.

Ayuso afirma que «Madrid pertenece a todos». Pero los hechos demuestran que, para su Gobierno, Madrid pertenece a quien puede pagarla. A los fondos que compran a precio de saldo y venden a precio de oro. A los inversores que convierten viviendas en activos financieros. Mientras tanto, los vecinos que resisten en sus barrios son tratados como obstáculos, como molestias, como un ruido incómodo que hay que silenciar.

La Comunidad de Madrid ya ha dejado claro de qué lado está. Ahora les toca a los ciudadanos tenerlo en cuenta. Cada voto cuenta a la hora de elegir a nuestros representantes institucionales, y cada política de vivienda tiene consecuencias reales en la vida de miles de personas. No se trata solo de ideología: se trata de si una vecina de 87 años puede quedarse en la casa en la que nació, o de si una familia trabajadora puede seguir viviendo en el barrio que la vio crecer.

Ayuso pide «paz» para los inversores. Los vecinos piden, sencillamente, poder vivir en paz en sus casas. No es lo mismo. Y conviene recordarlo cada vez que se acerque una urna.