El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, compareció este jueves en el Pleno de la Asamblea regional para dar explicaciones sobre la polémica compra del ático de 6,3 millones de euros en el paseo del General Martínez Campos, en el barrio de Chamberí. En su intervención, el consejero reconoció por primera vez que el inmueble tenía una finalidad de «alojamiento ocasional para autoridades» de la Comunidad de Madrid o en visita oficial, un argumento que supone una nueva versión sobre un caso que ha marcado el verano político madrileño.
Hasta ahora, el Gobierno de Ayuso había sostenido que el ático se había adquirido para servir como oficina temporal de la presidenta durante las obras previstas en la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico. Posteriormente, el Ejecutivo matizó que en ningún caso se destinaría a residencia oficial de Ayuso. Ahora, la memoria de arrendamiento publicada en el Portal de Transparencia especifica que se buscaba un «inmueble institucional de carácter residencial con una zona destinada a lugar de trabajo y un área de descanso y alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o a las propias autoridades de la Administración Regional».
La justificación resulta cuando menos llamativa: el Gobierno regional reside en la misma ciudad donde se ubica el ático, a diferencia de otras comunidades autónomas mucho más extensas que pudieran necesitar alojamiento temporal para miembros de sus ejecutivos que se desplazan por el territorio. García Martín no aclaró por qué un gobierno cuya sede está a escasos kilómetros del inmueble requería un espacio de alojamiento para sus propias autoridades.
Pese a la publicación de 224 páginas de documentación, el expediente no responde a las cuestiones fundamentales que la oposición lleva exigiendo desde julio. Ni el informe ni la comparecencia del consejero aclaran quién ordenó la compra del ático ni quién la autorizó. Los documentos publicados no contienen ningún registro previo a la adquisición que refleje un encargo formal por parte del Gobierno regional a Planifica Madrid, la empresa pública que ejecutó la operación.
El consejero atribuyó la adquisición a una petición de la Consejería de Presidencia a Planifica Madrid, enmarcada en la «normal actividad de gestión patrimonial» de la empresa pública, que se realizó con fondos propios y sin pasar por el Consejo de Gobierno. Sin embargo, un informe de la Intervención Delegada de Economía y Hacienda advirtió de que no se justificó suficientemente la necesidad del inmueble ni se profundizó en el estudio de idoneidad, aspectos económicos, rentas o comparativas con edificios similares.
La subasta para vender el ático, convocada tras estallar el escándalo, quedó desierta al no recibir ninguna oferta. El Ejecutivo regional mantendrá el inmueble a la venta mediante un procedimiento abierto de adjudicación.
Mientras el consejero intentaba defender la «transparencia» del Gobierno regional, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha optado por elevar el tono y desviar el foco hacia el Gobierno central. En el Debate sobre el Estado de la Región celebrado días antes, Ayuso no mencionó ni una sola vez el escándalo del ático en más de dos horas de discurso, centrándose en atacar a Pedro Sánchez con calificativos como «falso y embustero».
La presidenta madrileña llegó a afirmar en esa intervención: «El que se dice a sí mismo perro, sí que tiene amo. Como todos los perros que duermen en un palacio», en referencia a unas declaraciones previas del presidente del Gobierno. También lanzó un mensaje a Begoña Gómez: «Sánchez está obsesionado conmigo. Yo, si fuese Begoña, me mosquearía».
El consejero García Martín siguió la misma estrategia en su comparecencia, atribuyendo la polémica a una «gran mentira de la izquierda» destinada a «tapar la desastrosa gestión del Gobierno de la crisis de Ceuta».
Todos los grupos de la oposición, incluido Vox, consideraron insuficientes las explicaciones. La diputada de Vox Ana Cuartero calificó las explicaciones de «poco precisas y confusas» y advirtió de que «el ‘y tú más’ no cubre sus obligaciones de transparencia». El PSOE exigió saber «quién dio la orden de compra» y Más Madrid anunció que el caso «va para largo».
El consejero volverá a comparecer el próximo lunes en la comisión de Presidencia de la Asamblea, donde la oposición espera obtener respuestas a las preguntas que siguen sin contestarse.





