La Comunidad de Madrid ha reconocido por escrito que algunos hospitales públicos de la región no pueden garantizar la práctica de interrupciones voluntarias del embarazo. Así lo refleja un expediente de licitación del Hospital Universitario El Escorial, impulsado por el Servicio Madrileño de Salud (Sermas), que busca contratar centros sanitarios privados externos para atender a las pacientes derivadas por la sanidad pública madrileña. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, justifica esta externalización “entre otros motivos, por el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia por parte del personal sanitario”.
El contrato, publicado el 13 de agosto de 2026 como acuerdo marco, permitirá homologar clínicas y centros privados que practiquen abortos a pacientes del Hospital El Escorial en modalidad subsidiaria respecto a los recursos propios. El plazo para presentar ofertas finaliza el 15 de septiembre. La memoria del expediente sostiene que la interrupción voluntaria del embarazo debe realizarse “en el plazo más breve posible”, pero admite que el Sermas no puede asumir la totalidad de los procedimientos incluidos en la cartera de servicios. “En algunos hospitales públicos de la Comunidad de Madrid no se puede asegurar su realización”, reza el documento.
Los datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024 —últimos disponibles— confirman la magnitud del problema: de las 18.149 interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en la región, el 99,53% se realizaron en centros privados. La sanidad pública madrileña tiene un peso residual en esta prestación, una situación que se repite pese a que la ley estatal obliga a garantizar el acceso efectivo a este derecho en la red pública.
Este reconocimiento choca con las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, quien el 9 de octubre de 2025 rechazó en la Asamblea de Madrid crear lo que denominó una “lista negra” de médicos objetores. “No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo”, afirmó entonces, antes de añadir dirigiéndose a la izquierda parlamentaria: “¿Les parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar”.
El conflicto se extiende al registro de objetores de conciencia previsto en la ley estatal. Mientras el Ministerio de Sanidad sostiene que este instrumento debe servir para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública, el Gobierno de Ayuso mantiene en pausa su puesta en marcha y sigue litigando contra la obligación. La Consejería de Sanidad, por su parte, asegura que “en cualquier hospital público de la Comunidad de Madrid puede darse esta prestación” y que el Sermas garantiza “la absoluta libertad y derecho de que el médico pueda objetar”.
El expediente de El Escorial no es un caso aislado. El pasado 23 de julio, el Hospital Universitario Infanta Cristina publicó un acuerdo marco similar para homologar clínicas que asumieran las interrupciones voluntarias del embarazo derivadas desde ese centro. Sin embargo, el procedimiento quedó anulado el 31 de julio, antes de resolverse, según consta en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid.
La diputada socialista Lorena Morales denuncia la ausencia de una estrategia común: “La obsesión de Ayuso por acabar con la libertad de las mujeres para decidir sobre sus propios cuerpos está convirtiendo el derecho al aborto en un mercado persa en la Comunidad de Madrid”. Por su parte, Marta Carmona, diputada de Más Madrid y portavoz de Sanidad en la Asamblea, exige explicaciones sobre la situación del registro de objetores y acusa al Gobierno regional de recurrir a la objeción de conciencia para justificar la derivación de las interrupciones voluntarias del embarazo a centros privados.
El acuerdo marco del Hospital El Escorial abarca tanto los abortos a petición de la mujer hasta la semana 14 como los motivados por causas médicas en gestaciones posteriores. La memoria concluye que, “ante la imposibilidad actual de asumir estos procedimientos en su totalidad”, es necesario contratar la prestación con entidades privadas con experiencia. Mientras tanto, la sanidad pública madrileña sigue sin utilizar las herramientas disponibles para organizar esta prestación dentro de sus propios recursos, según denuncian los grupos parlamentarios de la oposición.
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